Transparencia

Los tribunales de contratación, ejemplo de buen gobierno

Así lo asegura el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, quien destaca que desd2 2012 han resuelto más mil recursos por valor de 8.000 millones de euros en litigio

Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo Consultivo
Agustín Sánchez de Vega, presidente del Consejo ConsultivoRubén CachoIcal

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León (Tarccyl), Agustín Sánchez de Vega, ha participado este lunes en Salamanca en una reunión de coordinación de tribunales administrativos de contratación pública, donde ha destacado la transparencia y buen gobierno que se desprende de la labor de estos organismos para hacer frente a irregularidades mediante el control de la legalidad en la contratación pública.

Además, De Vega ponía en valor el modelo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que considera muy diferente al de otras regiones de la España autonómica y apuntaba que el de contratos tiene una íntegra independencia funcional y jerárquica”.

Acompañado por el rector de la Universidad de Salamanca (Usal), Ricardo Rivero, y de la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Concepción Ordiz, el presidente del Consultivo de Castilla y León explicaba que se trata de un tribunal que está adscrito al Consejo Consultivo, un órgano de control jurídico encargado de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Por otro lado, cabe señalar que este tribunal crece en protagonismo cada año. Desde 2012 ha resuelto más de un millar de recursos en materia de contratación pública, que superan la cifra de 8.000 millones de euros en litigio. Algo que, en opinión de Sánchez de Vega, avala “su afianzamiento y su solidez.

“La importancia de la actuación de estos tribunales está directamente relacionada con la descongestión de la jurisdicción contencioso administrativa en el ámbito de la contratación pública”, destacaba.

En este sentido, destacaba que con su labor se han evitado en un 95 por ciento de los casos su conversión en recursos contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia. “Esto confirma que estamos ante un buen sistema administrativo de control preventivo, coordinado e independiente es la mejor inversión en la gestión de la contratación pública”, finalizaba.