Castilla y León da respuesta a las carencias del Ingreso Mínimo Vital de Sánchez

Ante el agravamiento de la situación económica, Castilla y León da respuesta una vez más a las carencias de la propuesta estrella de la legislatura del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos: el Ingreso Mínimo Vital.

Así, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado el Bono de Urgencia Social a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León que no sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. La cuantía se concreta en un único importe correspondiente al 15 por ciento de la cuantía mensual que percibe de la prestación Renta Garantizada de Ciudadanía multiplicado por tres meses.

Los potenciales beneficiarios de este bono son aproximadamente 2.500 personas en situación de vulnerabilidad dentro de la Comunidad. Teniendo en cuenta que la cuantía media que reciben habitualmente son 490,89 euros mensuales y que el 15 por ciento supone 73,63 euros al mes, tendrán derecho a percibir un Bono Social de Urgencia de 220,90 euros de una sola vez equivalente a tres meses.

Para acogerse a este bono es requisito imprescindible la presentación de la correspondiente solicitud y que sea perceptor de la RGC sin ser a la vez beneficiario del Ingreso Mínimo Vital. Para que este bono llegue al mayor número de personas en situación de necesidad, a través de los profesionales de los Servicios Sociales se hará una campaña de información a los potenciales beneficiarios para que puedan tener conocimiento de esta nueva ayuda social.

El departamento que dirige Isabel Blanco convoca estas ayudas que podrán solicitarse desde este jueves y hasta el 15 de septiembre de 2022 por un importe de 600.000 euros con la finalidad de compensar las especiales dificultades que están atravesando los perceptores de la RGC para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo derivado del incremento extraordinario del precio de los productos básicos, especialmente el coste energético..

Esta medida se pone en marcha tras la aprobación por la Junta de Castilla y León, a mediados de abril, de un plan de respuesta ante el agravamiento de la situación económica donde se contemplaban medidas específicas destinadas a las familias y a los colectivos más vulnerables. Una de las medidas comprometidas fue incrementar las cuantías de los perceptores de la Renta Garantizada de la Comunidad en un promedio del 15 por ciento durante tres meses.

En esta línea, la consejera de Familia anunció a principios de esta legislatura la creación del Bono de Urgencia Social como herramienta para atender situaciones de necesidad puntuales como las derivadas del incremento del coste energético u otras sobrevenidas que afecten, de manera general, a las familias y personas con menos recursos. desde el Gobierno regional señalan que este compromiso de legislatura se cumplió con lareciente aprobación del decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.

En este texto legal se crea el Bono de Urgencia Social, en el ámbito de los Servicios Sociales, con el objetivo de poder conceder ayudas económicas, de manera puntual y por circunstancias extraordinarias, a aquellos colectivos particularmente vulnerables cuando sufran situaciones de especial agravamiento.