Batería de medidas de urgencia social para contrarrestar la crisis actual

La regulación de la vivienda compartida, conocida como “cohousing”, un modelo nacido en los países nórdicos como respuesta al problema del acceso a la vivienda para grupos vulnerables o el bono de urgencia social son algunas de las medidas urgentes que incluye decreto-ley aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicaba e se trata de un paquete de medidas para contrarrestar los efectos de la crisis económica agravada tras la invasión rusa de Ucrania y para contener el impacto que el conflicto bélico está provocando en la inflación.

El Decreto-Ley articula medidas dirigidas a agilizar la gestión de los programas y actuaciones financiados con los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de asegurar la eficiente ejecución de los mismos, y a impulsar la recuperación económica de la Comunidad.

En materia de vivienda y urbanismo, aparte del cohosing, se elimina la prohibición de dar ayudas a viviendas que no sean promovidas para uso propio, lo que permitirá dar ayudas a promotores privados en el ámbito rural, y canalizar así los fondos europeos hacia suelos de zonas rurales, según informa la Junta en un comunicado. Además, se atribuye a la Junta la condición de beneficiario de las ayudas estatales destinadas al incremento del parque público de viviendas.

En materia de sostenibilidad ambiental, se establece un nuevo procedimiento integral para la autorización de instalaciones de energía renovable, como medida para reducir la dependencia de combustibles fósiles y países terceros en materia de energía.

Objetivo: estimular los proyectos de energías renovables, pero con una regulación que asegure que no se ubiquen en zonas con las que resulten incompatibles por motivos ambientales, patrimoniales, urbanísticos o agronómicos. Además, se modifica la Ley de Prevención Ambiental, para que sea innecesario hacer una evaluación ambiental de los planes urbanísticos que afecten solo a suelo urbano, ya que carecen de efectos significativos sobre el medio ambiente.

En materia de patrimonio natural, se modifica la Ley de Montes para que los aprovechamientos de madera solo requieran una declaración responsable, agilizando así la puesta en el mercado de una materia prima muy demandada en la actualidad. También se modifica la Ley de Patrimonio Natural, a fin de considerar compatibles las actividades que no sean susceptibles, bien por su naturaleza o bien por las condiciones en que se desarrollen, de generar un efecto apreciable en el lugar, siendo por tanto compatibles con los objetivos de conservación. De esta forma se facilitará el desarrollo de iniciativas de desarrollo socioeconómico y en especial de implantación de energías renovables.

En el ámbito del comercio se incluye un programa de modernización del comercio del fondo Tecnológico. El objetivo general perseguido con esta línea de inversión es de ayuda a las pequeñas y medianas empresas de adaptarse a la digitalización del sector comercial y al cambio en el comportamiento de los consumidores.

Y en servicios sociales, la prestación económica para situaciones de urgencia social se dirige a las personas más vulnerables, que no pueden cubrir por sus propios medios gastos específicos relacionados con la subsistencia, mediante ayudas económicas para necesidades puntuales de alimentación, vestido e higiene, vivienda y suministros del hogar u otras necesidades básicas consideradas esenciales.

Y para atajar las “condiciones tan precarias” en las que se encuentran aquellas personas en situación de necesidad sobrevenida se crea un mecanismo como el Bono de Urgencia Social que, mediante un proceso rápido y eficiente, las permita tener un apoyo económico inmediato para cubrir los bienes de primera necesidad. Para lograr esta inmediatez, a través del Decreto Ley de Medidas Urgentes, se propone modificar la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para conceder ayudas directas a las familias y personas con mayor vulnerabilidad.

Teletrabajo

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo, que tiene como finalidades: potenciar una actuación administrativa profesional, flexible y adaptada a la coyuntura social y económica, impulsar la modernización de la organización administrativa, contribuir a la fijación de la población en el medio rural y a la sostenibilidad ambiental como consecuencia de la disminución de los desplazamientos por razón de trabajo, disminuir el riesgo de accidentes laborales, especialmente ‘in itínere’ y potenciar la conciliación de la vida familiar y laboral.

Novedades:

• Se incluye dentro de su ámbito de aplicación al personal que presta servicios en centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud (hasta ahora excluido), si bien, dadas las características propias de la prestación de estos servicios, deberá adaptarse la regulación contenida en el decreto mediante orden del consejero de Sanidad.
• Así mismo, también se podrá aplicar al personal de servicios administrativos de los centros dependientes de la Consejería de Educación, debiendo adaptarse igualmente mediante Orden del consejero de Educación.
• Se reduce de 1 año a 3 meses el período mínimo de desempeño de las funciones en el puesto que se pretende desarrollar en régimen de teletrabajo.
• Se establece el certificado de competencias digitales como un nuevo requisito.
• Se incluyen como puestos no susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo: los puestos de unidades con atención 24 horas, las jefaturas de servicios y los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación con niveles 27 o superiores.
• La duración máxima de la prestación de servicios en régimen de teletrabajo se amplía de 1 a 2 años.
• Se establece un nuevo criterio de población y dispersión geográfica a incluir en el baremo a aplicar en el caso de que no se puedan autorizar todas las solicitudes.
• La falta de resolución expresa en el plazo de 3 meses tiene efectos estimatorios, cuando ahora producía efectos desestimatorios.
• La Administración facilita los medios tecnológicos y su mantenimiento (equipos informáticos, herramientas ofimáticas, el acceso a las aplicaciones, certificado de firma digital y teléfono móvil corporativo), salvo que se haya autorizado el uso de dispositivos propios, en cuyo caso solo se garantizará el soporte técnico indispensable.

• Se regula la posibilidad de establecer de oficio la prestación de los servicios en teletrabajo por situaciones extraordinarias o excepcionales.
• Se modifica la composición de la Comisión de Seguimiento. Con la nueva regulación, la presidencia la ostentará el consejero competente en materia de función pública (ahora es la directora general de la función pública), y se incorporan como miembros a un representante de cada una de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación.

Víctimas del terrorismo

La Junta de Castilla y León condecorará con la Medalla a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad a quince personas,siete de ellas a título póstumo, tras el acuerdo alcanzado este jueves durante la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en Valladolid.

Con estas distinciones, añadidas a las concedidas desde 2018 por el mismo motivo, Castilla y León “pretende fortalecer su compromiso con la convivencia en paz, el respeto a los derechos fundamentales y la protección integral de las víctimas”, según consta en el acuerdo remitido a los medios de información.

”El deseo de no olvidar su dolor, acompañarlos permanentemente y de hacerles llegar el sentir común en recuerdo de su sacrificio en favor de toda la sociedad de Castilla y León” también figuran entre los argumentos para su concesión.

Memoria histórica

Por otro lado, el vicepresidente Juan García-Gallardo, avanzaba que la Junta de Castilla y León iniciará esta semana los trámites para la aprobación del nuevo decreto de Concordia de la Comunidad, que sustituirá al de Memoria Histórica, y cuya tramitación antes del 30 de junio es uno de los puntos recogidos dentro del acuerdo de legislatura entre PP y Vox en la Comunidad.

García-Gallardo aseguraba que el decreto anterior de Memoria Histórica “hacía una diferenciación entre víctimas de un conflicto bélico del siglo XX”, algo que el nuevo decreto suprimirá, ya que “se tratará igual a cualquier víctima del bando que fuese del conflicto civil”, además de que este decreto pretenderá elevar la “autoestima nacional y los elementos de cohesión y no de división”.