Los contratistas se frotan las manos ante la certeza de «buen» año

En un momento tan delicado como el actual en lo económico en España, que además tiene toda la pinta de agravarse aún más tras el verano debido a la crisis energética y la inflación, al menos los contratistas de la Comunidad traen en estos momentos buenas noticias, algo que se agradece ante tanta zozobra.

Y es que el volumen de licitación que se ha llevado a cabo en la primera mitad de este año anticipa un «buen año» para el sector de la obra pública. De hecho, el presidente de los contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, da por seguro que se van superar las cifras del pasado año, que fueron de unos 1.376 millones de euros, y habla de que se podrían alcanzar los 1.600 millones, lo que supondrían doscientos más que hace un año, superando todas las previsiones.

Y todo ello a pesar del déficit de inversiones en materia de infraestructuras en Castilla y León, con numerosas obras pendientes e incluso paralizadas, sobre todo carreteras.

Una cifra importante también debido a la situación actual, pero alejada de los momentos de bonanza anteriores a la crisis, donde se licitaron 4.500 millones, y lejos también de los 2.300 millones que, en opinión, de los contratistas debería ser la que tendría que tener Castilla y León cada año en función de su tamaño.

En cualquier caso, los contratistas están también esperanzados por cuanto confían en que el segundo semestre de este año será aún mejor que el primero, en el que las administraciones públicas (nacional, regional y local y provincial) licitaron un total de 1.387 obras con una inversión superior a los 732 millones de euros, de los cuales 247 corresponden a edificación y 488 a obra civil.

Por ello, para este sprint final de 2022 se licitarán obras por valor de casi mil millones de euros. «Son cifras importantes que ayudarán a crear empleo, ya que además arrastrará a la industria auxiliar favoreciendo la actividad económica en su conjunto», destaca Pascual, en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

Pese a este aumento de la inversión, la Administración general del Estado ha reducido sus licitaciones en estos seis primeros meses del año hasta los 134 millones, doscientos menos que el año pasado, al igual que las entidades locales, donde también cae la inversión.