Castilla y León recibe 102,7 millones para actuaciones de rehabilitación residencial y viviendas en alquiler social en edificios eficientes

Castilla y León recibirá un total de 102,7 millones de euros para dos medidas. En primer lugar, 75,5 para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales; y en segundo, 27,2 millones para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios eficientes. De este modo, el Gobierno autoriza la distribución de 1.889 millones de euros a las comunidades autónomas (1.389 millones de la primera medida y 500 de la segunda), un reparto que se lleva a cabo en proporción al número de hogares, según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos fondos se suman a los 1.651 millones de euros ya traspasados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a las comunidades y ciudades autónomas para la ejecución de estos programas de inversión. Las subvenciones buscan reducir la huella de carbono y el consumo de los hogares, una “medida vital para luchar contra el cambio climático y disminuir nuestra dependencia energética”, según informó el Gobierno. Con esta aprobación, el Ministerio moviliza ya 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para regenerar viviendas, edificios residenciales y barrios y levantar hasta 20.000 viviendas de alquiler asequible.

Estos puntos fueron tratados en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, celebrada el pasado 29 de junio y presidida por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Los 1.389 millones de euros de la medida de rehabilitación y regeneración podrán traspasarse este año a las comunidades autónomas, mientras que los 500 restantes se transferirán a partir del año 2023 para levantar viviendas en alquiler social.

Así, se busca reducir un 30 por ciento el consumo de energía primaria no renovable de los hogares y mejorar el confort y la habitabilidad, promoviendo, por ejemplo, el cambio de ventanas, el despliegue de sistemas de calefacción alimentados con energías renovables, o la renovación de sistemas de calefacción y de refrigeración obsoletos.

La distribución territorial y los criterios de reparto autorizados por el Consejo de Ministros deberán someterse a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo. Las subvenciones están incluidas en el Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ‘Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana’.

El pilar fundamental del Plan de Recuperación es la transformación del modelo económico y del conjunto de la sociedad bajo el signo de la sostenibilidad. Este objetivo, que es “imprescindible para combatir el cambio climático, se ha visto plenamente justificado y más necesario que nunca con la guerra desatada por Rusia en Ucrania”. Reducir la huella de carbono y el consumo es “vital, además de para luchar contra el cambio climático, para disminuir la dependencia energética”.

Con el acuerdo de Consejo de Ministros, Mitma moviliza 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las comunidades y ciudades autónomas financien las actuaciones encaminadas a la regeneración de los entornos residenciales y aumento del parque de vivienda pública, lo que supone el 89,1 por ciento de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión. Así, en 2023 se podrá transferir el cien por cien de los fondos destinados a la construcción de hasta 20.000 viviendas en alquiler social y este año, el 85,5 por ciento de las ayudas dirigidas a rehabilitación. El año que viene se prevé la distribución de los 430 millones de euros restantes.

En este punto, cabe recordar que el programa de rehabilitación residencial cuenta con 450 millones de euros para financiar bonificaciones fiscales a la rehabilitación de viviendas, lo que da un total de 3.420 millones de euros.

“Un momento clave”

Con este nuevo reparto de recursos, España “se asegura el cumplimiento” de los compromisos en el impulso de la rehabilitación edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Así, junto con la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR, “se refuerzan las oportunidades para impulsar la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales, a través de diferentes medidas e instrumentos que no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda, y que hacen especialmente atractivas tales actuaciones, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas, asegurar la máxima calidad de los edificios y contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento”.

Asimismo, en el ámbito de la vivienda social, la aplicación de recursos del PRTR posibilitará la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, lo que constituye una “oportunidad para que las Administraciones territoriales amplíen su parque de vivienda social, un instrumento esencial para la aplicación de políticas públicas en favor del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución Española, todo ello, en el contexto de la tramitación parlamentaria de la primera ley estatal por el derecho a la vivienda de nuestra democracia”.