Mujer joven en situación precaria, el rostro de la pobreza poscovid

La pandemia del coronavirus ha destrozados familias pero también muchos negocios, además de cambiar la forma de relacionarse entre las personas e incluso de trabajar. Todo ello de forma acelerada.

Pero, también, la crisis sanitaria que se mantiene ha provocado un cambio en el perfil de la persona pobre y que se encuentra en serio peligro de quedarse excluida de la sociedad. Una mujer joven y ya en situación precaria es el rostro que más abunda en estos momentos entre las 551.000 personas que se encuentran en situación de pobreza, casi un 4 por ciento y 77.000 personas más que hace un año y con un preocupante aumento de la desigualdad, sobre todo en materia de género y en la de edad, puesto que en estos momentos hay un 13,5 por ciento de menores de 18 años en pobreza severa.

Estas son algunas de las conclusiones que pueden extraerse del XII Informe ‘El estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León post COVID-19′, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), y que se ha presentado este lunes en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Un texto en el que se pone en valor que el riesgo de pobreza en esta Comunidad sigue estando muy por debajo de la media del país, pero, sin embargo, la Comunidad es la segunda autonomía de España en la que más ha aumentado la tasa de pobreza, conocida como Arope, lo que da un toque de atención.

De hecho, en el informe también se alerta de la pérdida de clase media, que pasa del 47,2 al 44,4 por ciento, así como de una mayor desigualdad entre los ricos, que cada vez ganan más, y los pobres, que cada vez lo son más también. Al respecto, se apunta que el 20 por ciento de la población con mejores ingresos de la Comunidad recibe una renta cinco veces superior a la del 20 por ciento más pobre o que el diez por ciento más rico recibe 8,6 veces lo que ingresa el diez por ciento más pobre.

Por vez primera, este informe anual recoge el impacto de la crisis de la covid, y revela que en Castilla y León hay 426.000 personas en situación de pobreza, el 17,9 por ciento de la población regional, y 63.000 personas más que en el 2020; a las que hay que sumar otras 162.053 en pobreza severa, que en una familia con dos adultos y dos niños supone que sobreviven con 278 euros por persona y mes.

Se trata de personasque carecen de capacidad y posibilidad de poder consumir nueve de los trece elementos estudiados y que son estos:

• -Retraso en pago de gastos de vivienda
• -No poder mantener la casa a una temperatura adecuada
• -Imposibilidad de ir de vacaciones al menos una semana al año
• -No comer carne, pollo o pescado cada dos días
• -Incapacidad para afrontar gastos imprevistos
• -No disponer de un coche
• -Imposibilidad de cambiar muebles estropeados o viejos
• -No poder renovar el vestuario al estar estropeado
• -No contar con dos pares de zapatos;
• -Problemas para reunirse con amigos y familiares o tomar algo al menos una vez al mes
• -No poder participar regularmente en actividad de ocio como deportes o cultura
• -No poder gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo
• -Imposibilidad de contar con una conexión de internet en el hogar

Asimismo, el informe refleja que el 33,4 por ciento de la población no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos o que el 14,3 por ciento no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

Finalmente, en el informe se pone el acento también en que en una España sin transferencias de renta, tampoco pensiones de jubilación o supervivencia, la población en riesgo de pobreza de Castilla y León habría alcanzado al 46,7 por ciento de su población, en lugar de al 17,9; y al 25,2 por ciento si sin rentas sociales. Por este motivo, se estima que las medidas covid puestas en marcha por las administraciones, al menos han evitado a 55.000 castellanoleoneses caer en la pobreza.

Hacia una sociedad más equitativa y justa

Para la Red Europea que lucha contra la pobreza (EAPdefiende medidas como el Ingreso Mínimo Vital, el incremento del salario mínimo y otras qsimilares para hacer frente al afecto de la covid.

Si bien, reclaman otras como el desarrollo de los servicios sociales más próximos y con más recursos para atender a la población; sistemas de rentas sociales que garanticen los apoyos necesarios para que las personas puedan llevar a cabo su proyecto de vida; y políticas activas de empleo que permitan la igualdad de oportunidades de acceso;.

Igualmente, demandan también medidas para acabar con la brecha digital y el acceso “efectivo” y “ecuánime” a la sanidad, especialmente en el medio rural, además de políticas de vivienda que garanticen el acceso a todas las personas.

“Tenemos que garantizar una sociedad donde todas los individuos tengan las mismas oportunidades de desarrollo”, señala Óscar Castro, presidente de esta entidad en Castilla y León, para quien esto solo puede lograrse mediante una política fiscal “equitativa”, “justa” y “solidaria”.