El Partido Popular recabará el apoyo de Teruel Existe en el Senado para aprobar la fiscalidad diferenciada con el máximo marcado por Europa

El Partido Popular (PP) espera que el Senado apruebe la enmienda para que los Presupuestos Generales del Estado contemplen que las ayudas al funcionamiento alcancen el máximo permitido por Europa, un trámite para el que intentará recabar el apoyo de Teruel Existe, que votó en el Congreso en contra de las cuentas del Ejecutivo al considerar, al igual que los ‘populares’, que no existe una acción decidida para luchar contra la despoblación.

La secretaria general del PP de Aragón, Ana Isabel Alós, recordó que el PP exigió a través de una enmienda al Gobierno que las ayudas alcancen el máximo permitido por Europa, en todos los costes de funcionamiento, a todo tipo de empresas y autónomos y con efecto retroactivo desde principios de año.

“Esto no ha sido posible. Es una oportunidad pérdida por la falta de población que sufren estas tres provincias y sus comarcas limítrofes, que tampoco se han tenido en cuenta”, lamentó.

La también secretaría de Política Local nacional e insular del PP participó en una mesa de debate organizada por la formación soriana, que bajó el título ‘Beneficios fiscales por invertir y vivir en Castilla y León’, desgranó las ayudas de la Junta para combatir la despoblación de la mano del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Alós recordó que desde el 1 de enero de 2022 el Gobierno podía haber puesto las ayudas al funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel, sin embargo, “no hizo nada” hasta que presentó una enmienda a los Presupuestos para poner en marcha las mismas de una forma “insuficiente” con unos porcentajes muy por debajo de los permitidos por la Comisión Europea.

En este sentido, subrayó que tal y como ha dispuesto el Gobierno un empresario de estas tres provincias verá reducida el pago de la cuota a la Seguridad Social en 200 euros por cada trabajador, algo que no animará “ni a la inversión, ni a contratar a más empleados ni tampoco al mantenimiento de la actividad productiva”.

La también senadora por Huesca detalló que el 20 por ciento máximo de ayudas solo se aplican a aquellas empresas ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes; un cinco por ciento a las empresas en general y un 15 por ciento a las nuevas inversiones. “Además las aplica sin carácter retroactivo y solo bonificando las contingencias comunes en las cotizaciones sociales. Estas provincias necesitan una ayuda determinante y decidida” reivindicó.

Asimismo, denunció que el PSOE no ha hecho una apuesta clara contra la lucha por la despoblación, y aseguró que Aragón vive un “infierno fiscal”, frente a Castilla y León que prevé reducir la carga impositiva en el medio rural.

Por último, reseñó que el Ejecutivo sólo tiene “palabrería” para llevar a cabo las políticas demográficas, ya que ha tenido tiempo para aprobar una fiscalidad diferenciada “justa”. “Si las ayudas se aplicaran sobre el total del coste total de un trabajador estaríamos hablando que el empresario se deduciría 6.000 euros por empleado y con la fiscalidad diferenciada como la que contempla el Gobierno se han dado migajas, frente a lo que podía haber sido una ayuda verdadera que acompañada de las ayudas de la Junta hubiera hecho que un marco de inversión importante para nuevas empresas”, precisó.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió que el presidente de la Junta impulsó la aprobación de estas ayudas al funcionamiento, y detalló que el mundo rural de Castilla y León sí tiene una política fiscal diferenciada y, la próxima semana, se debatirá en las Cortes el proyecto de Ley de Rebaja Impositiva.

“Hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones y cuando la trasmisión no es a un familiar directo pero favorece la actividad agraria hay una eliminación impositiva. En Castilla y León cuando una persona tiene un bien inmueble vinculado a una actividad económica en el medio rural paga el dos por ciento en transmisiones patrimoniales, frente al ocho por ciento con carácter general”, indicó.

Asimismo, señaló que los jóvenes que adquieren una vivienda en el medio rural con un precio de 150.000 euros sólo pagan 15 euros en lo que respecta a las trasmisión patrimonial, frente a los 15.000 que se paga en otras comunidades autónomas. “Además también hemos rebajado el IRPF y cuando una familia tiene el tercer hijo en el medio rural la deducción fiscal es de 3.300 euros”, precisó para exigir al Gobierno que estas ayudas se extiendan al resto de España.

Fernández Carriedo insistió que la Junta no puede intervenir en la caja de la Seguridad Social, por lo que sus ayudas se enmarcan dentro de su ámbito competencial.

Por último, avanzó que próximamente las nuevas empresas que se instalarán en el Parque Empresarial del Medio Ambiente presentarán sus nuevas inversiones, y garantizó el apoyo de la Junta para la creación de empleo.