Casi 2.200 alumnos se benefician de los programas mixtos de formación y empleo

La Consejería de Industria resuelve las ayudas sobre este apartado con la concesión de 36,3 millones de euros para 219 proyectos en Castilla y León

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, conversa con Carlos García en presencia del consejero Mariano Veganzones y del delegado de la Junta, José Francisco Hernández
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, conversa con Carlos García en presencia del consejero Mariano Veganzones y del delegado de la Junta, José Francisco Hernández FOTO: Ricardo Munoz Martin (Spain) www.rmestudios.com Agencia ICAL

El Gobierno autonómico ya ha resuelto las ayudas para los programas mixtos de formación y empleo del año 2023 con un incremento de casi cinco millones de euros y la concesión de 36,3 millones para llegar a 219 proyectos en toda Castilla y León los cuales van a beneficiar a 2.194 alumnos.

De esos programas, 22 se realizarán en la provincia de Ávila, todos a cargo de entidades locales y con una inversión que superará los 4,5 millones de euros y la previsión de alcanzarlos 257 alumnos, dentro del objetivo de «hacer más hincapié en las zonas que más lo necesitan, el oeste y el sur de Castilla y León».

Estos son algunos de los datos que ha trasladado este lunes en Ávila el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, tras asistir a la firma de los convenios del Empleo Local de 2022 –45 de ellos para la provincia– en un acto que estuvo presidido por el vicepresidente del Gobierno regional, Juan García-Gallardo, quien ponía en valor la “estrecha cooperación” entre la Administración autonómica y las entidades locales en un ámbito «fundamental» como el empleo.

Algo que, a juicio, ha supuesto un “éxito” en esta materia durante el último ejercicio y eso a pesar, decía, de las dudas que se quisieron sembrar sobre la eficiencia la Junta.

“El Servicio Público de Empleo y la Consejería han actuado con toda la eficacia en beneficio de Castilla y León y eso nos debe animar a seguir por ese camino”, destacaba el número dos de Fernández Mañueco, en declaraciones recogidas por Ical.

De la misa forma, García-Gallardo destacaba los 50 millones de euros “ejecutados” por la Consejería de Industria, que gestiona Vox, “con los que se han logrado incentivar 5.500 empleos”.

El vicepresidente de la Junta, además, ponía en valor estos datos “pese a las dificultades de la reforma laboral, que ha puesto palos en las ruedas y ha dado rigidez al mercado laboral y trabas a las ayudas”, y también al hecho de que el presupuesto estuviera “prorrogado”. En este marco, quiso destacar “el esfuerzo y la implicación” de los técnicos y los dirigentes del Ecyl.

Veganzones fue el encargado de desgranar las ayudas del Servicio Público de Empleo en 2022 y destacaba al respecto los 222 millones convocados en políticas activas de empleo, un 18 por ciento más, 117 de ellos en políticas de formación para el empleo, un 34 por ciento más y beneficiando a 125.000 usuarios; 127 millones en incentivos al empleo, un 11 por ciento más y con casi 11.000 puestos beneficiados; o 27,3 millones en intermediación y orientación laboral, un 2,9 por ciento más con 8.700 usuarios.

“El Servicio Público de Empleo ha atendido a 200.000 personas en 2022 por las distintas vías”, apuntaba el consejero, mientras detallaba las ayudas de empleo local desde los puntos de vista de la cohesión territorial y de la cohesión social, en función de los programas con distintos grados de acceso a los municipios.

Así, en el primer apartado hablaba de unas ayudas de más de 81 millones para incentivar casi 7.500 puestos de trabajo y una ayuda media de casi 10.900 euros, con programas como Elex, Mayel, Eltur, Jovel o el Plan de Empleo Agrario que benefició a 44 municipios de Ávila y llegó a 377 empleos.

En relación a la cohesión social, agrupaba estas ayudas en los ámbitos de obras y servicios (40 millones), la formación y el empleo y la primera experiencia profesional (36,6 millones) y los cinco millones para la dinamización económica y el impulso rural en las zonas rurales.

Finalmente, destacaba el trabajo realizado por las 54 oficinas de empleo, que han visitado 59.000 empresas y gestionado 4.000 puestos de trabajo, así como la actividad de los ocho centros de formación.

En este punto aseguraba que “la normativa estatal no hace más que poner pegas” y que se prevé “implementar en 2023 una nueva forma de gestión para tener más flexibilidad a la hora de contratar cursos”. Además, anunciaba que están elaborando el Plan Estratégico de Empleo Local y Social, que ya tiene “un borrador en marcha” y que busca que se pueda contar con “iniciativas específicas” para el empleo local.

Serla

Por otro lado, el vicepresidente, preguntado por los periodistas, justificaba la supresión del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) para reducir lo que considera “gasto público prescindible”. “La Comunidad cuenta con un Servicio Público de Empleo (Ecyl) con unas oficinas territoriales que pueden prestar ese servicio igual o mejor aún que el SERL y por un coste muy inferior al que venía haciendo este organismo”, decía.

García-Gallardo, además, defendía la “seriedad” del Gobierno regional, que está actuando, decía, con responsabilidad con el gasto público prescindible.