Amilivia recomienda una base de datos centralizada para gestionar los fondos "Next Generation"

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha comparecido este lunes por séptima vez este año en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, esta vez para presentar dos informes sobre un mismo tema: el cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude ligado al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del plan de recuperación postpandemia de los Fondos Next Generation.

En la primera presentación, se refirió a la fiscalización en el ámbito autonómico y en la segunda, en el local. En ambos casos, los trabajos fueron realizados en coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control externo autonómicos.

Durante su intervención, Amilivia advertía de la “falta de coordinación” entre los diferentes estamentos de la Junta de Castilla y León para la gestión de los fondos Next Generation en la Comunidad. Por ello reclamaba establecer una base de datos centralizada para una mayor transparencia, así como “mayor formación” para el personal asignado a la gestión de estas subvenciones.

En el caso del informe sobre la Junta, la auditoría se plantea como “sistema de alerta temprana para detectar las oportunidades de mejora al inicio de la implementación del plan”, según Amilivia, debido a que la Comunidad aún no disponía de margen de reacción para la corrección de aquellas cuestiones que contribuyeran a una mejora de la gestión del mecanismo porque el periodo de estudio fue entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2022.

El presidente del Consejo de Cuentas, aseguraba que durante la fiscalización, se percibió "un impulso en el proceso de implementación de algunas de las medidas analizadas” y que, incluso, con posterioridad “se han seguido produciendo progresos”, lo que le llevó a afirmar que “las entidades responsables fueron evolucionando y mejorando”.

No obstante, y dentro de las 48 conclusiones elaboradas por el Consejo de Cuentas, Amilivia reconocía que la Junta no contaba con “un instrumento único y formal de planificación estratégica” para gestionar los subproyectos asignados por una cuantía de 1.655 millones de euros para la Comunidad, y que tampoco “había uniformidad en la elaboración de la planificación estratégica de las subvenciones” ni en la elaboración de los planes anuales de contratación.

Toda la información, decía, se canalizó “principalmente a través del portal web” y dividido por Consejerías y no desde un punto de vista unitario, como tampoco constaban “instrucciones, orientaciones o guías” para el personal de la Junta desplegado para la gestión de estos fondos, que ascendía, a 31 de mayo de 2022, a 537 empleados de los que el 15 por ciento correspondía a nuevas incorporaciones.

Esa “falta de coordinación” ttambién se produjo en las pruebas de autoevaluación de la gestión de los fondos, con la única excepción de la Gerencia de Servicios Sociales que realizó “un análisis exhaustivo de los riesgos detectados”.

Pese a ello, el presidente del Consejo de Cuentas sí confirmó que existe un código en cada proyecto que lo vincula directamente con su fuente de financiación y permite “realizar un seguimiento de los fondos procedentes del mecanismo”.

Ante esta situación, el presidente del Consejo de Cuentas recomienda desarrollar una base de datos centralizada, la inclusión de la adecuada gestión de los fondos en los planes de formación del personal de las Consejerías así como una evaluación de las necesidades de personal, y la creación de unidades especializadas para la gestión de estos fondos.

Planes antifraude en todas las capitales

Asociado a este primer informe, Amilivia también presentaba otro relativo a la elaboración de planes de lucha contra el fraude sobre la gestión de estos fondos en las entidades locales y diputaciones de Castilla y León, para lo que se fiscalizó la actuación de 27 organismos de la Comunidad: las nueve diputaciones, las nueve capitales de provincias, y otros nueve ayuntamientos que, en total, recibieron fondos por valor de 64,7 millones de euros entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022.

Al respecto, señalaba que todas las diputaciones y capitales de provincia aprobaron un Plan de Medidas Antifraude, así como Aranda de Duero y Medinaceli entre los otros nueve ayuntamientos estudiados, pese a que Solana de Rioalmar, Sahagún, Bárcena de Campos, Arapiles, Fuente de Santa Cruz, Traspinedo y Fuentesaúco no lo hicieron así.

De entre los planes de medidas antifraude, un total de trece entidades los aprobaron dentro del plazo previsto, y siete lo hicieron fuera de plazo, además de que, algunos de ellos, no lo remitieron al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. No obstante, Amilivia destacaba que, con carácter general, las entidades definieron en sus planes el conflicto de intereses y todas constituyeron un comité o comisión antifraude “a excepción de los ayuntamientos de Palencia, Zamora y Aranda de Duero”.

También valoraba que la mayoría de las entidades adoptaron medidas "para garantizar la confidencialidad, tanto del denunciante como del denunciado”, y que se ha previsto “revisar todos aquellos proyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al fraude” para, de ser así, retirarlos.

El informe concluye con un total de nueve recomendaciones que incluyen la adopción de “algún tipo de medida para lucha contra el fraude” en los siete municipios estudiados que no cuentan con un plan, la remisión de todos los planes al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, la realización de una evaluación de riesgos o la habilitación de un canal de denuncias externo, entre otras.