Carriedo no ve a García-Gallardo como afiliado del PP

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha preferido este jueves "no ahondar en la crisis" de Vox y tampoco en la que observa en el PSOE, a la vez que ha considerado que el exdirigente de Vox Juan García-Gallardo esté en la "tesitura" de pensar en afiliarse al PP.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por las palabras de García-Gallardo con las que desveló que fue apartado por su partido de las negociaciones importantes con el PP en esta comunidad, Fernández Carriedo ha insistido en la idea de que no quería incidir en la "crisis" y ha asegurado que cuando participaban en las reuniones de gobierno dejaban "a un lado las adscripciones de partido" y buscaban el interés de la sociedad, en conversaciones con los consejeros de cada materia, informa Efe.

Asimismo, ha defendido que la Junta mantiene su voluntad de interlocución y diálogo con todos los partidos con representación en la Cortes, incluido con "un grupo tan numeroso" como Vox.

También ha subrayado que las negociaciones que concernían a la comunidad se trataban en el Consejo de Gobierno y las de entre partidos "con los interlocutores que designaran”.

"Todo lo que afectaba a Castilla y León se ha negociado siempre en Castilla y León. Nosotros no hemos tenido que ir a Waterloo o Suiza", ha reiterado Fernández Carriedo.

"Nosotros tenemos que negociar con quién esté al frente en cada momento", ha argumentado el portavoz, que ha asegurado que, durante los consejos de gobierno trabajaban "sin ver de qué partido era cada miembro del Gobierno".

En cuanto sobre el panorama electoral que se abre en la región tras esta crisis interna de Vox, el portavoz ha reiterado las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las que aseguró que estos procesos no afectan a su decisión de agotar la legislatura.

"Cualquier analista puede hacer una valoración de que es el mejor momento para el PP", ha añadido Fernández Carriedo, y ha subrayado que esto no se trata de que "sea lo mejor para el PP, sino para Castilla y León", para ofrecer "estabilidad y confianza, que es lo que mueve a Mañueco para agotar la legislatura", ha incidido.

Finalmente, sobre la expulsión del grupo Vox, la Junta ha confirmado que les tratará como a dos actores más dentro del parlamento autonómico y no vetará su interlocución con ellos.

No a las sobras de los separatistas

Por otra parte, Fernández Carriedo ha declarado que Castilla y León no quiere las “sobras” de la financiación autonómica del pacto entre el Gobierno y los separatistas y exigió una negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se reunirá el próximo 26 de febrero, “en condiciones de igualdad”. “El Gobierno primero pacta con los separatistas y con lo que sobre, reúne al resto para repartirlo. No queremos las sobras”, sentenció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Asimiso, ha insistido en que el problema no es que el Ministerio de Hacienda rechace incluir la despoblación y la orografía en los criterios de reparto para el nuevo modelo de financiación, porque lo normal es que cada autonomía defienda unas variables, pero “siempre nos hemos puesto de acuerdo”, dijo, para sentenciar que el “problema” es que “ya ha firmado un modelo” con los separatistas catalanes, que “quiere extrapolar y es perjudicial para España y muy perjudicial para Castilla y León”.

Fernández Carriedo ha reiterado una y otra vez en que Castilla y León ya plasmó su postura sobre el modelo de financiación en su respuesta de enero de 2022, al documento elaborado por Hacienda que remitió a las autonomías en diciembre de 2021, donde dejó claro que que los criterios de despoblación “deberían verse establecidos, mejorados e incrementados”, pero lo “novedosos” es que el Gobierno “ya va con una posición previa” en un acuerdo que quiere garantizar cumpliendo con separatistas que buscan “la salida de un territorio del sistema de régimen común y la creación de una agencia tributaria propia al margen de la estatal”. “Esto supone un perjuicio general para España y para Castilla y León y es la novedad”, repitió.

El consejero portavoz recalcó que no es nuevo que cada territorio “haga hincapié en las variables de reparto” que mas le interesan, sino que “se trate de imponer la agenda pactada con los separatistas a todos y se plasme en un documento contrario a los intereses de España y de Castilla y León”, informa Ical.

Carlos Fernández Carriedo hizo pedagogía y recordó que el debate sobre el nuevo modelo se inició tras la salida de la crisis, tras haber caducado en 2014, cuando se constituyó un grupo de trabajo, con la designación de expertos, en el caso de Castilla y León, Jaime Rabanal, que fue consejero de Hacienda del PSOE en Asturias. El trabajo para avanzar en un modelo que midiese el coste efectivo de los servicios desembocó en un documento en 2018, donde se incluían variables adicionales como la orografía y la distribución territorial de la población. Así, sentenció que esas dos variables “no desaparecen” sino que “no las quiere incorporar” el Gobierno.

En cuanto a la justificación de omitir esas variables por parte del departamento que dirige María Jesús Montero, sobre la base de su rechazo por la mayoría de las autonomías, excepto Castilla y León, Cantabria y Aragón, Carriedo se preguntó por la postura que mantienen hoy algunas comunidades, tras el cambio de signo político del Gobierno, posterior a enero de 2022, como Extremadura o Aragón.

Carriedo repitió que no es ninguna novedad el debate sobre el peso de las variables y denunció que las vinculadas al territorio están poco valoradas en el modelo actual y Castilla y León está muy interesada en su ponderación con mayor peso, frente a los intereses de otras regiones.

Al respecto, argumentó que “es una realidad que una parte del coste efectivo tiene que ver con el territorio” porque “es más caro prestar servicios sanitarios y educativos a una población dispersa” pero también comentó que “hay competencias que se prestan al territorio, como la extinción de incendios, el patrimonio histórico y la red de carreteras, cuyos el gastos tienen mucho más que ver con las hectáreas que con la población”. El modelo actual incluye superficie, densidad e insularidad como variables territoriales, pero “insuficientemente ponderadas”, sentenció.

Por último, insistió en su oferta de diálogo a los grupos políticos de las Cortes regionales para acudir a la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición de Comunidad. “Nos gustaría disponer de una posición de Comunidad a defender ese día”, ha concluido