Castilla y León implantará en 1.000 autobuses de sus líneas regulares el sistema tecnológico que estrenará el nuevo bono

La Junta de Castilla y León implantará en 1.000 autobuses de sus líneas regulares de transporte de viajeros el equipamiento embarcado que estrenará el nuevo bono que se está ultimando y que pretende hacer gratuitos los servicios a los usuarios empadronados en la Comunidad. Además, ha encargado el suministro de 100.000 tarjetas sin contacto, todo ello, para poner en marcha un modelo que se implantará de forma progresiva antes de final de año, coincidiendo con el cambio de la política de bonificaciones aprobada por el Gobierno.

Para ello, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha dejado en manos de la empresa pública Somacyl -Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente- la licitación de un contrato de 2,17 millones de euros (IVA incluido) para que la empresa elegida monte en un plazo de tres meses el nuevo sistema embarcado en al menos un millar de vehículos adicionales a los 837 previstos inicialmente para 2025.

De esta forma, Movilidad adelanta las fechas previstas y amplía el número de autobuses que podrán contar con el sistema de validación del nuevo bono único de transporte de Castilla y León. Además, también se incluyen un servicio “mínimo” de ayuda a la explotación para integrar su información en el sistema del Centro de Control, que está operativo desde marzo en la estación de autobuses de León. Precisamente, está previsto presentar los detalles de la nueva política de gratuidad a finales de este mes en la capital leonesa en un acto institucional al más alto nivel.

La versión y solución técnica elegida, ante el cambio de escenario, es “más simplificada” con el fin de dar respuesta al uso de un único sistema de validación (ticketing) y para extender el nuevo bono de la Comunidad. Con ello, Movilidad, según detalla en el contrato consultado por Ical, pretende cubrir los nuevos requisitos, bonificaciones y descuentos que entran en vigor este año, y por último, para poder ir recogiendo toda la información del modelo de transporte de Castilla y León.

Los técnicos de Somacyl recogerán las ofertas presentadas hasta el 5 de junio y las abrirán el día 12, para a continuación poder adjudicar el contrato. En paralelo, la empresa pública está gestionando con Tecnocard Systems la compra de 100.000 tarjetas sin contacto -MIFARE DESFire EV3 4K- para el transporte de viajeros, al precio de 1,55 euros la unidad, que tendrán que suministrarse también en tres meses. Además, Movilidad acaba de encargar a la firma Iplan Movilidad la asistencia técnica en la digitalización de la oferta del transporte, con un presupuesto de 87.802,44 euros.

Igualmente, Movilidad tiene encargados ocho proyectos, financiados con fondos Next Generation, para completar el sistema tecnológico ITS, por lo que tienen que estar terminados como muy tarde en 2026. De los 31,9 millones (IVA incluido) con que se licitó este paquete en junio 2023, su coste se rebajó a unos 25,4 millones durante el proceso de contratación. Entre ellos, figuran dos contratos adjudicados a GMV, uno de ellos relativo a las máquinas canceladoras de los billetes, que se encargan del conteo de los viajeros o de la monética, que estarán conectadas con un software que permite tener acceso a esta información en tiempo real.

Modelo deficitario

La Junta ha centrado la renovación del mapa concesional de la Comunidad en las líneas metropolitanas, tras dejar fuera a las interurbanas, puesto que entiende se pueden ver afectadas por el nuevo modelo que trata de impulsar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con cambios para reducir los tiempos de viaje y abaratar los precios, pero con reducciones de las paradas intermedias en los itinerarios.

Actualmente, el sistema concesional de Castilla y León está basado en un número elevado de contratos. En concreto, existen 235 titularidad de la Comunidad -147 concesiones autonómicas (VACL), 76 autorizaciones especiales (AECL) y 12 taxis vinculados a contratos concesionales (TR). A estos se unen 30 contratos titularidad de la Administración del Estado, que contienen tráficos autonómicos, según reconoce la Junta.

Este transporte se caracteriza por tener un elevado número de rutas de débil tráfico con un bajo nivel de ocupación (diez viajeros por kilómetro) y con un bajo nivel de cobertura económica. De hecho, se estima que el 63 por ciento de las rutas tienen menos de 5.000 viajeros al año, lo que hace que más del 90 por ciento sean deficitarias. Con este sistema de transporte están atendidos 2.208 municipios y 5.902 núcleos de población de la Comunidad.