El juicio de la conocida como trama eólica en Castilla y León, en el que se sentarán en el banquillo quince personas entre exaltos cargos de la Junta y empresarios, se abrirá mañana en la Audiencia Provincial de Valladolid con la previsión de comparecencia de 84 testigos y una veintena de peritos en 43 sesiones.

La causa, por supuesta corrupción, se inició a raíz de un informe de la Agencia Tributaria elevado a la Fiscalía en diciembre de 2014, al observar posibles irregularidades en la concesión de autorizaciones administrativas de proyectos de parques eólicos en la Comunidad.

Las acusaciones contra los encausados se centran en un sistema establecido para retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, de la que se ocupaba en el momento de los hechos uno de los procesados, Rafael Delgado, según fuentes jurídicas.

La forma de actuar al parecer consistía en obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Consejería, unas compañías que adquirían participaciones a bajo coste que, una vez conseguida la autorización, revendían a los verdaderos promotores con beneficios y que podían suponer 250.000 euros por megawatio autorizado.

La Fiscalía Anticorrupción reclama provisionalmente para Rafael Delgado penas que suman 36 años y 6 meses de prisión, multas que suman más de 236 millones de euros e inhabilitación para cargo público.

El resto de los acusados se enfrentan a unas peticiones de pena que oscilan entre 6 y 12 años de cárcel, además de multas y responsabilidades civiles calculadas en unos diecinueve millones de euros, mientras las defensas de los encausados demandan la absolución.

Además del Ministerio Público, ejercen la acusación la Abogacía del Estado, particulares perjudicados y la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, en este último caso como acción popular.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid enjuiciará la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias y extorsión.

Tras la exposición de las cuestiones previas los dos primeros días del la vista, está programado que declaren los testigos y peritos propuestos por las partes en diversas fechas, mientras el turno de los encausados será en último lugar, hasta la conclusión del juicio, prevista para el 28 de enero de 2026