Gas, telefonía y electricidad, objeto mayoritario de las 1.743 reclamaciones de consumo

La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León, que depende de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha recibido desde el inicio del año y hasta el 31 de julio 1.743 reclamaciones de consumidores y usuarios, en su mayor parte relacionadas con los suministros de gas, telefonía y electricidad.

En un comunicado, la Consejería ha explicado que del total de reclamaciones presentadas ante este servicio gratuito han sido ya resueltas más de 1.200, incluyendo 574 laudos y 280 resoluciones de acuerdo voluntario entre las partes.

Las quejas por estos tres servicios -gas, teléfono y electricidad- representan casi el 54 % del total de las formalizadas en lo que va de año.

El mayor volumen se corresponde con los servicios de gas (357 reclamaciones), seguido de los de telefonía e internet (313) y de los de suministro de electricidad (268).

Durante 2024 el sistema arbitral de consumo de la Junta de Castilla y León cumple 30 años al servicio de los consumidores y usuarios de la Comunidad, como sistema alternativo a la justicia ordinaria para la resolución de los conflictos que surgen entre los consumidores y las empresas, al que se someten voluntariamente ambas partes.

La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León cuenta actualmente con más de tres mil empresas adheridas. Su actividad se ha ido incrementado de forma paulatina a lo largo de los años, observándose desde 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, un fuerte aumento en la demanda del servicio por parte de los ciudadanos.

Ante el incremento de la demanda, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha puesto en marcha distintas medidas, tanto estructurales como normativas, para acortar los tiempos de resolución de las reclamaciones.

Entre estas medidas cabe destacar la simplificación del procedimiento, sustituyendo las vistas orales -que retrasaban el procedimiento e implicaban gastos y desplazamientos de las partes- por un trámite de audiencia escrito.

También se ha puesto en marcha la tramitación electrónica de las reclamaciones de arbitraje a través de la página web corporativa y ha dotado a la Junta Arbitral de una estructura administrativa específica y singularizada, dentro de la Dirección General de Comercio y Consumo, cuyo objetivo es alcanzar una mayor especialización para impulsar la gestión de las reclamaciones.

Nuevo reglamento

Estas medidas se ven complementadas con el nuevo reglamento regulador del procedimiento arbitral -Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, por el que se aprueba el nuevo Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo en todo el territorio nacional- que ha entrado en vigor esta semana (13 de agosto) y que afectará a la tramitación administrativa de las nuevas reclamaciones de arbitraje de consumo que se presenten a partir de ahora.

El nuevo reglamento, entre otras cosas, simplifica las fases del procedimiento arbitral eliminando algunos trámites que hasta ahora eran preceptivos, minora plazos para la tramitación y amplía el volumen de reclamaciones que pueden resolver los árbitros unipersonales sin necesidad de constituir colegios arbitrales.

En este sentido, se faculta a los árbitros unipersonales para la resolución de conflictos de cuantía inferior a los 600 euros (frente al umbral de los 300 euros que se fijaba en la normativa anterior), siempre que no se consideren complejos.