La Junta exige retrasar la norma que obliga a dar de alta a alumnos de FP en la Seguridad Social para garantizar la titulación

La Consejería de Educación ha remitido dos cartas a los ministerios competentes solicitando la derogación de la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de Formación Profesional o la moratoria de la entrada en vigor hasta el año 2025. Éste ha sido uno de los principales puntos tratados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada esta tarde en Madrid, a la que ha acudido la consejera de Educación, Rocío Lucas.

“La protección que se merecen nuestros estudiantes requiere un sistema fiable y viable para evitar efectos perversos que puedan hacer peligrar las prácticas curriculares y las titulaciones. Por tanto, desde la Junta de Castilla y León se ha solicitado al Gobierno central que se convoque al comité técnico para poder implantar esta medida de manera homogénea en todo el territorio, conocer y estudiar los resultados del grupo de trabajo de pilotaje y disponer de un sistema de gestión efectivo, técnicamente viable y ensayado”, ha subrayado Lucas.

La norma, que entra en vigor el próximo 1 de enero, puede desincentivar a las empresas o instituciones y poner así en peligro el sistema de prácticas. Este es, según Castilla y León, uno de los posibles efectos no deseados de la nueva normativa tal y como está planteada.

Asimismo, la Consejería de Educación considera que esta norma debe garantizar una seguridad jurídica. En este sentido, la titular del departamento educativo de la Junta ha destacado que la administración debe asegurar que “los estudiantes de Castilla y León puedan titular, que sus prácticas sean de calidad. No podemos pedir a nuestros jóvenes que renuncien a formarse por no poder cotizar, lo que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables como, por ejemplo, los que están cobrando la prestación por desempleo o cualquier subsidio”. Una situación igual a la que vivirán los alumnos que cursan certificados emitidos por las consejerías de Empleo y tampoco pueden cotizar.

En definitiva, la Junta de Castilla y León considera que la implementación de esta normativa va a suponer un incremento exponencial del trabajo de gestión en los centros educativos, en las direcciones provinciales y en los servicios centrales, lo que provocará a su vez un sobrecoste que, una vez más, tendrán que soportar las comunidades autónomas. “Unos gastos adicionales que son mayores a los que estima el Ministerio, por lo que exigimos que se financie esta medida, tanto en el coste de las cotizaciones, como en el de medios personales para atender la gestión de esta”, ha finalizado Rocío Lucas.

Finalmente, en el turno de ruegos y preguntas, la consejera de Castilla y León ha solicitado que se convoque una reunión monográfica sobre el estado actual de la educación en todo el territorio nacional.

Además, desde la Junta de Castilla y León se ha recordado que el funcionamiento actual en la Comunidad con respecto a la utilización de los móviles es, básicamente, “lo que la ministra nos trasladará en el próximo mes de enero”. Así, fuentes de la Consejería de Educación han subrayado que en Castilla y León “no está permitido el uso de los teléfonos en las aulas de Educación Secundaria a excepción de su uso educativo y supervisado por el docente”. “En Educación Primaria -han añadido- los niños con estos dispositivos son una minoría”. Por ello, han incidido en que lo que va a proponer la ministra “no supondrá cambio alguno en las aulas de Castilla y León porque es lo que ya se está haciendo”.

De hecho, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha ya tienen prohibido por ley el uso de teléfonos móviles en los colegios e institutos en las horas lectivas salvo que los centros lo permiten en momentos concretos “como herramienta pedagógica”.