Más vigilancia ante las malas prácticas del sector del transporte en Castilla y León

La Junta de Castilla y León y la Guardia Civil reforzarán la coordinación en la vigilancia respecto a la inspección en el sector del transporte con el fin de velar por la competitividad en el sector. Y es que durante el pasado año se realizaron un total de 28.592 intervenciones detectando 17.180 infracciones, de las que el 82 por ciento corresponden a los tiempos de conducción y descanso, según se ha informado en la III Jornada de Coordinación y Especialización celebrada en Valladolid, organizada por la Junta y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León y que ha contado con la presencia de la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral.

"Este Plan de Inspección es la herramienta para velar por la competitividad del sector del transporte ya que supone un correcto control, no solo a las empresas del sector, sino a todos aquellos otros usuarios directamente relacionados con la actividad, ya que es indispensable para fomentar el cumplimiento de las normas y mejorar la confianza en el sistema", indicaba la consejera.

Un programa que se basa en luchar contra las malas prácticas que promueven la competencia desleal, mediante la reducción de costes de manera fraudulenta o el incremento de los riesgos en la carretera, al no respetar los tiempos de conducción y descanso. Y es que el sector se ha convertido en toda una referencia para el buen funcionamiento del comercio, la industria y la creación de empleo, ya que en Castilla y León se cuenta con más de 14.000 empresas dedicadas al transporte de carretera y una flota de 42.604 vehículos, siendo el de mercancías el que mayor peso tiene con 12.000 empresas y 35.951 vehículos.

Para este año 2023, son tres las las novedades con respecto a años anteriores. De esta manera, se encuentra el control de la prohibición de carga y descarga por parte de los conductores profesionales que solo deberán intervenir en este proceso en los supuestos en los que por razones de seguridad y eficiencia en la operación esté justificada. Una segunda novedad que tiene que ver con el control de la morosidad, con el fin de evitar pactos de contenido abusivo para el porteador. Y una tercera que se centra en el control del precio de transporte, para garantizar que el gasto sea superior al de los costes y gastos individuales efectivos en que incide al transportista, y apostando por que los contratos consten por escrito.

Durante su intervención González Corral se ha referido al novedoso proyecto para la digitalización de las actuaciones ligadas a la labor inspectora, que supondrá una inversión de 570.000 euros, y que prevé la compra de básculas móviles electrónicas de pesaje, herramientas y material informático para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y el cumplimiento de regulaciones.