Sánchez de Vega destaca la “independencia, imparcialidad, objetividad jurídica y transparencia” del Consejo Consultivo

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, destacó que esa institución propia de la Comunidad Autónoma “ha seguido trabajando con independencia, imparcialidad, neutralidad política, con objetividad jurídica y transparencia”, en los ámbitos del asesoramiento al Gobierno, la reclamación de responsabilidad patrimonial y la resolución de recursos en materia de contratación pública.

“Por una parte, el asesoramiento al Gobierno cuando quiere elaborar normas, los decretos o anteproyectos de Ley. Preceptivamente, tenemos que informar. En segundo lugar, una gran competencia a través de la reclamación de responsabilidad patrimonial”, señaló. “El ciudadano entiende que el funcionamiento de las administraciones no ha sido el correcto y reclama contra ello y, por esa vía, lo que hacemos principalmente, en último caso, es proteger y tutelar los derechos de los ciudadanos”, subrayó.

Asimismo, hizo hincapié en la actuación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León a la hora de intervenir y resolver las cuestiones que se plantean en materia de contratación pública en la Comunidad autónoma.

Sánchez de Vega hizo esta exposición en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León antes de intervenir en el acto solemne de presentación de la Memoria de Institución y del TARCCyL correspondiente a 2023. El acto contó con la participación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El Consejo Consultivo de Castilla y León emitió en 2023 un total de 539 dictámenes y resolvió 180 recursos en materia de contratación pública, sobre contratos por un importe total de 1.580 millones de euros. “Seguimos con un altísimo nivel de respaldo a nuestros dictámenes, que no tienen efectos vinculantes, sino consultivos, y nos llega el respaldo del 95 por ciento de las entidades que tienen obligación de consultar”, indicó Sánchez de Vega. “En el caso del Tribunal, los efectos son vinculantes y, por tanto, se imponen a las partes que están en consulta”, aclaró.

En este contexto, el presidente del Consejo Consultivo incidió en que, en 2023, se “recuperó” el tiempo de decisión en materia de dictámenes. “Es de 18 días y, en el Tribunal, estamos en torno a 24 días más de resolución de los asuntos desde el momento en el que está completo este diálogo. Ello nos pone en una situación muy ventajosa con respecto a la jurisdicción ordinaria, que viene a tardar dos años y medio”, precisó.

El 54 por ciento de las consultas procedió de las administraciones locales y el 45 por ciento, de la Junta de Castilla y León, mientras que el resto es de universidades públicas que pueden acceder al dictamen del Consejo Consultivo.

Además de los dictámenes sobre la potestad normativa del Gobierno, las materias de responsabilidad patrimonial versan sobre asuntos de los derechos “más próximos” al ciudadano. “En materia sanitaria hay un porcentaje muy alto, en asuntos de responsabilidad patrimonial y en el supuesto mal funcionamientos de la actividad educativa, en torno al nueve por ciento. Los porcentajes suelen repetirse, más o menos, prácticamente todos los años”, concluyó.

Por otra parte, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, expresó, a pregunta de los periodistas, su esperanza de que “haya un acuerdo entre los grandes partidos” con vistas a la renovación de esa institución propia de la Comunidad Autónoma. “Se necesita una mayoría muy grande y, por lo tanto, requiere conversaciones y acuerdos, no solo de los órganos, sino también de las personas”, indicó.

“Nosotros no somos quién para opinar sobre la renovación. Somos los sujetos pasivos. Terminamos nuestro mandato hace un año y no podemos decir más. Tenemos opción todos a renovar y, en el caso del presidente, solo es posible renovar un mandato”, expuso.

Agustín Sánchez hizo estas declaraciones en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León antes de participar en el acto solemne de presentación de la Memoria correspondiente a 2023 de esa institución propia de la Comunidad Autónoma y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. También intervino el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Ley de Concordia

Por lo que se refiere a la Ley de la Concordia, Sánchez de Vega recalcó, “sin entrar en el contenido”, que “no ha llegado el asunto”, de manera que “no hay juicio que emitir, ni siquiera juicio personal”.

En este contexto, apuntó que existe la vía de la consulta facultativa, “cuando lo acuerda la unanimidad” de la Mesa de las Cortes y apostilló: “Esa era la clave. En cuanto hubo un voto negativo por parte de alguno de los miembros que forman la Mesa, no se puede plantear porque la Ley del Consejo establece que tiene que haber unanimidad”.

“No me parece ni bien ni mal. Es una posibilidad que existe en otros consejos consultivos de España, en Cataluña y en Canarias, si no recuerdo mal. Los consejos consultivos emiten dictamen cuando se los pide el Parlamento, justamente en ese momento en el que se ha iniciado la tramitación de una proposición de Ley, y todavía no ha habido plazo de enmienda”, informa Ical.

Por otra parte, recordó que “las minorías pueden pedir a los consejos consultivos que emitan dictamen” sobre una proposición de ley. “El documento que presentan los parlamentarios para ser tramitado y llegar al éxito de una ley se denomina proposición de ley. Hay otros consejos. Nosotros tenemos esa posibilidad, una posibilidad facultativa, con esas condiciones. La única posibilidad de que llegue al Consejo Constitutivo es la unanimidad de la Mesa de las Cortes”, insistió.

Confianza en las instituciones públicas

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausuró el acto de presentación de la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León, y destacó la confianza que existe por parte de todas las Administraciones Públicas hacia la ‘esencial labor’ realizada por este órgano y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad. Un desempeño que se refleja en un mejor control de calidad de las decisiones que toman los poderes públicos.

Se trata, a su juicio, de una labor eficaz, reconocida también por los castellanos y leoneses por su cercanía y rapidez, y que queda perfectamente reflejada en esta Memoria de 2023, que incluye todos sus dictámenes, estudios, informes y resoluciones jurídicamente fundados, objetivos e independientes.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha remarcado la seguridad que genera el Tribunal Administrativo entre los contratantes por ser una garantía prejudicial que ofrece alternativas rápidas y gratuitas a los litigios en contratación pública, que tan solo el pasado año alcanzaron los 1.580 millones de euros.

Finalmente, ha hecho hincapié en que el 96 % de las decisiones administrativas que se adoptan en Castilla y León coinciden con los dictámenes y opiniones del Consejo Consultivo, lo que pone de manifiesto la calidad de los profesionales que integran este órgano. Y, también, que apenas sean recurridas una de cada 10 resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Garantía, control y perfeccionamiento de la labor pública

En la actividad que realiza el Consejo Consultivo de Castilla y León se puedecomprobar la triple función que desarrollan los altos órganos consultivos: garantizar la labor que realizan los poderes públicos, al asegurar que adoptenlas soluciones más correctas y ajustadas al ordenamiento jurídico; ejercer un control preventivo interno que facilite o incluso haga innecesaria la actuación de otros controles, sobre todo el judicial; y, también, derivada de las anteriores, perfeccionar la función desarrollada por los representantes políticos y de la administración.