La Generalitat bate su récord de multas lingüísticas desde 2012

“Vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o usuarias o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa". Bajo esta premisa, y a la chita callando, la Generalitat ha batido su récord de multas de la vergüenza, es decir, las multas lingüísticas, desde 2012. Por aquel entonces, el gobierno de CiU cerró su particular bienio confiscatorio (2011-2012) con 327 sanciones. Y parecía, paradójicamente, que con el estallido del procés las cifras iban más o menos a la baja hasta que el año pasado volvieron a dispararse. La Generalitat interpuso 94 multas por valor de 55.575 euros. O lo que es lo mismo, en los últimos diez años, la administración catalana ha interpuesto algo más de 1.000 sanciones por las que ha cobrado 1.054.490 euros.

Así las cosas, el informe que ha hecho hoy público la Agencia Catalana de Consumo pone de manifiesto que lejos de enterrar esta práctica tan polémica como discutible el ejecutivo de Quim Torra ha decidido recuperar las multas para la causa. Estas sanciones fueron particularmente abultadas en la última etapa del tripartito y la llegada de Artur Mas a la presidencia de Cataluña, en 2011, que se cerró con 226 multas, la cifra más alta de la historia de la Generalitat. El año siguiente, 2012, ya cayeron a 101 y, desde entonces han oscilado, salvo alguna excepción entre las 57 y las 78 de 2018. El año pasado, sin embargo, volvieron a repuntar y la administración catalana recaudó 55.575 euros en este concepto.

Por lo demás, el informe de la Agencia Catalana del Consumo destaca que las sanciones impuestas por este organismo en 2019 tuvieron un retorno de 6,48 millones de euros, lo que supone un incremento de aproximadamente el 150 % respecto a 2018. Así lo han informado este lunes en rueda de prensa en la sede del Departamento el secretario de Empresa y Competitividad, Joaquim Ferrer, y la directora de la ACC, Beth Abad. Los casi 6,5 millones de euros impuestos en sanciones proceden de 492 multas, prácticamente un 25 % más que en el ejercicio de 2018. El sector de las telecomunicaciones y en concreto las empresas Telefónica, Orange y Vodafone son las que suman multas más elevadas -las sanciones impuestas a estas tres compañías superan los tres millones de euros-, seguidas por Vueling, del sector aéreo, que acumuló en este ejercicio una sanción de 600.000 euros por retrasos y cancelaciones del verano de 2016.