Revuelta contra Ada Colau por la asfixia al coche en Barcelona

Quejas ante las crecientes dificultades y restricciones para acceder ya en vehículo propio a la capital catalana

Ada Colau ha aprovechado la pandemia para acelerar denodadamente su plan anticoche en Barcelona. Las controvertidas palabras de la concejal de su gobierno, Janet Sanz, en abril pidiendo que, aprovechando la parada por la crisis sanitaria, se evitara reactivar la industria del automóvil parecían indicar el camino que, finalmente, está confirmando la alcaldesa con sus actuaciones en los últimos meses. Así, a la reducción de carriles para la circulación de los vehículos privados en las arterias principales de la ciudad que se viene registrando desde finales de abril, ahora se han ido sumando progresivamente otro tipo de medidas que buscan expulsar al coche de la ciudad y que han desencadenado protestas de los ciudadanos.

Una de ellas es la supresión del aparcamiento gratuito incluso en las zonas periféricas de la ciudad (Montbau, Mundet, el lateral de la Ronda de Dalt o Zona Universitaria), lugares que tradicionalmente han aprovechado los ciudadanos que viven fuera de Barcelona para dejar sus coches y, de ahí, coger transporte público para moverse por el interior de Barcelona e ir a sus puestos de trabajo. Y es que, según han denunciado usuarios a través de las redes sociales, esta medida perjudica gravemente a los que no residen en la ciudad por dos motivos: por un lado, porque proceden de poblaciones que puedan tener mala conexión vía transporte público a la capital catalana; por otro lado, porque las tarifas de estacionamiento se han encarecido y hay quien no se lo puede permitir.

Otra de las medidas ha sido implementar a partir del 15 de septiembre las sanciones para los vehículos considerados contaminantes que accedan a Barcelona -zona de bajas emisiones (ZBE)-. El concejal del PP, Òscar Ramírez, ha denunciado recientemente que no es buen momento para que entre en vigor por el contexto económico y social desfavorable que ha desencadenado la crisis del coronavirus y que impide cambiar de coche. Además, también apunta a la falta de una oferta sólida de transporte público para que los ciudadanos tengan alternativas. Los vehículos que no podrán circular son aquellos que no tengan un distintivo ambiental de la DGT y las multas oscilarán entre los 100 y 1.800 euros -se calcula que la ZBE dejará fuera de Barcelona a unos 50.000 coches-.

Esta asfixia al coche en la ciudad aprovechando la pandemia ha deparado imágenes de indignación. Una de ellas es, por ejemplo, cuando los trabajadores de Nissan abuchearon a Colau tras el anuncio de la compañía japonesa de que se marchaba de Cataluña: aquel momento coincidió, precisamente, con las palabras de la concejal Sanz y las primeras medidas anticoche. Asimismo, también el pequeño comercio ha mostrado su protesta: de hecho, Foment del Treball calcula que la peatonalización de las calles puede cargarse 50.000 empleos.

Los planes de Colau están encontrando una fuerte contestación política, pero también judicial. La Fiscalía ha abierto una investigación por el peligro que puede suponer para los vehículos la colocación de bancos de hormigón al borde de la calzada en la calle Consell de Cent -se han puesto como elemento para separar los carriles de circulación de coches del carril habilitado para viandantes-.