Los chivos expiatorios

La búsqueda de personas o colectivos a los que culpar o atribuir la provocación de los males que atenazan a una sociedad ha sido una constante a lo largo de la Historia. Los poderosos señalaban a algunos como responsables de todos aquellos hechos que pudieran tener funestas consecuencias colectivas o, simplemente, eran utilizados por los gobernantes como válvula de escape de la violencia y la frustración de los ciudadanos ante situaciones de crisis. El mecanismo de erigir en chivo expiatorio a personas o grupos ha sido muy estudiado por la Antropología: comienza con un proceso de ridiculización de la futura cabeza de turco; una vez lograda la pérdida de respeto por la mayoría, se pasa al proceso de culpabilización y, finalmente, se desata la violencia y se consuma el sacrificio de esa víctima propiciatoria tan cuidadosamente construida, mientras las causas reales de la crisis no se solucionan y permanecen.

Esta práctica sigue vigente en la actualidad en nuestro país, aunque con características muy curiosas y netamente españolas. Hoy en día, en los medios de comunicación, convenientemente jaleados por los realmente poderosos, y en esos templos de desinformación y desvergonzada ignorancia que son las redes sociales se tiende a atribuir con frecuencia a los jueces la condición de culpables universales de numerosos males, desde el momento en que una determinada resolución no gusta, inquieta o perjudica a alguien con capacidad para desatar el ataque. Afortunadamente, no parece buscarse el sacrificio personal de los afectados, quedaría bastante medieval, pero sí la eliminación de su honor profesional y legitimidad en el altar del pensamiento único y del “ismo” dominante en cada momento.

La resolución detonante no suele ser criticada desde un punto de vista jurídico, ni tampoco divulgada en exceso, lo que ya indica que no se trata de una crítica seria, ni constructiva. Por el contrario, se opta cómodamente por poner a su autor o autores en la picota: se sacan a relucir otros pronunciamientos que, vulgarmente mutilados o descontextualizados, “muestran” la maldad intrínseca del juez; se le atribuyen oscuras motivaciones políticas o ideológicas; se le presenta como un miembro de una casta ultraderechista o bolchevique, según las filias y fobias del opinador; se le ridiculiza por sus características físicas, reales o imaginadas; o incluso se le llena el tribunal de mierda, real, con toda su pestilencia y sin ninguna comilla.

Lo más curioso de esta realidad es que, tradicionalmente, los chivos expiatorios eran buscados entre grupos minoritarios o marginales. Sin embargo, en la actualidad, en España, el Poder, político, mediático o ideológico, apunta frecuentemente con su dedo acusador a los jueces y magistrados, circunstancia nunca vista y sumamente peligrosa, que no supone más que un proceso ideado para dejar inermes a quienes tienen la responsabilidad institucional de controlar y poner límites a ese Poder y de resolver los conflictos de los ciudadanos. Unos jueces ridiculizados, convertidos en simples porteadores de la silla gestatoria de un candidato a las elecciones (hace dos semanas, la penosa escena apareció en un espacio de sátira, siempre unidireccional, de TV3), a los que las redes sociales crucifican con frecuencia, nunca podrán resolver con eficacia conflicto alguno y, sobre todo, nunca podrán poner límites a ningún Poder.

Ahora bien, nada hay que no tenga solución. Para capear estos temporales, los jueces únicamente tienen a su disposición su profesionalidad y neutralidad, no dejarse llevar por el desánimo, pero tampoco por los propios prejuicios o la soberbia, y no inmiscuirse en el terreno pantanoso de la opinión mediática sobre temas desconocidos, porque el enemigo aprovecha cualquier error. En definitiva, cuidar y mantener la independencia y la imparcialidad frente y contra cualquiera, pero a favor de todos. Solo así se podrá mantener en pie el Poder Judicial ante tantos embates procedentes de los más diversos frentes.

Javier Ruiz Pérez es Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura