El cuñado de Torra condenado a cuatro años y medio de prisión

Malas noticias para el seno familiar del expresident de la Generalitat Joaquim Torra. La Audiencia de Barcelona ha condenado al cuñado de Torra a más de cuatro años de cárcel por evadir impuestos al fisco español y, además, le ha impuesto una multa de 173.000 euros tanto a el como a su hermano por la confirmación por los delitos de defraudación tributaria e insolvencia punible. Este nuevo revés en la familia del expresident llega tras la petición hace solamente una semana por parte de la fiscalía de inhabilitar otro año y ocho meses a Torra.

El origen del fraude surgió cuando la familia del cuñado del expresident creó una sociedad en 1987 para arrendar unos terrenos para una empresa de piensos de su propiedad que operaba desde hacía siete años. En 2009, tras los efectos de la crisis económica, la familia decidió desprenderse de la empresa alimentaria, la única que arrendaba los siete terrenos que tenían, y venderla por más de 300.000 euros. Para efectuar esta transacción, crearon una tercera empresa que adeudaron con el importe de la venta expidiendo varias facturas de suministros que no llegaron a pagar.

Los terrenos se encontraban en Santa Coloma de Farners y otras localidades próximas, lugares muy arraigados al núcleo familiar del expresident. Tras la venta de la empresa, además, el cuñado y el hermano traspasaron las acciones de la sociedad a varios familiares aunque la Audiencia de Barcelona ha confirmado que eran conocedores de la ilegalidad. Según la justicia, los condenados eran conscientes de la plusvalía que los terrenos les generarían y que tendrían que declarar al fisco, aunque optaron por crear la empresa ficticia. Además, los dos hermanos deberán pagar una multa de otros 170 mil euros a Hacienda por todo el dinero que no se declaró con las transacciones.

Los problemas judiciales de Torra

La Fiscalía de Barcelona volvió a solicitar la semana pada otra pena de inhabilitación, esta vez de un año y ocho meses para el ex presidente de la Generalitat por un presunto delito de desobediencia por negarse a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O, pese al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En el escrito de acusación, el fiscal pidió también imponer una multa de cien euros diarios a Torra durante diez meses y recordó que el entonces presidente manifestó “su clara voluntad de no atender ninguna orden que se le pudiera dar al respecto” tras los requerimientos judiciales.

Esta es la segunda causa judicial contra el expresidente Torra por mantener en la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta con un mensaje de apoyo a los presos del 1-O, después de ser condenado a un año y medio de inhabilitación en la primera causa. Es por este motivo que Torra es expresidente y Cataluña se vio abocada a otras elecciones en pleno año de pandemia. Torra siempre ha negado que el concurriese en un delito y se ha querido amparar en su derecho a la “libertad de expresión”. Antes de condenarlo, eso sí, la junta electoral le requirió que retirase la pancarta en repetidas ocasiones.