El juez ordena identificar a los responsables del veto a la vacunación de Policía y Guardia Civil en Cataluña

Poco a poco se podrá ir aclarando qué ocurrió entre febrero y abril para que la Generalitat vetara la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña. El titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha ordenado a la conselleria de Salut y al Ministerio del Interior la identificación de los responsables del protocolo y proceso de vacunación que dejó a ambos cuerpos policiales españoles sin dosis para ser vacunados.

Según un auto al que ha tenido acceso este diario, el juez se ha dirigido al exsecretario de Salud Pública de la Generalitat y actual conseller de Salud, Josep Maria Argimon, y al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez. A ambos les solicita, en concreto, cuáles fueron los protocolos establecidos para el proceso de vacunación, así como el departamento responsable de su gestión y sus titulares; la identificación de los responsables que intervinieron en el proceso de vacunación y la función que desempeñaron; o, también, la evolución del número de vacunas administradas a cada cuerpo policial para establecer una comparación.

Asimismo, también reclama conocer los expedientes administrativos que se hayan derivado de la vacunación de la Policía y la Guardia Civil; si consta algún documento, comunicación o petición entre la conselleria de Salud y el Ministerio de Salud sobre la vacunación de los policías estatales; y, también si consta algún tipo de documentación entre conselleria de Salud y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

De esta manera, el juez avanza en la instrucción tras la denuncia del sindicato JUPOL de la Policía Nacional y la asociación JUCIL de la Guardia Civil. Ambas organizaciones interpusieron la denuncia por presunto delito de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores.

El origen de esta polémica se halla en marzo, cuando la Generalitat vacunó a los Mossos d’Esquadra y dejó de lado a los 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Gracias a la denuncia y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se ordenó a la Generalitat revertir la situación y se obligó a que se alcanzara la misma proporción de agentes vacunados en ambos cuerpos: los Mossos estaban al 80% y policías y guardias, al 15%.

La Generalitat obedeció de inmediato, aunque a regañadientes y con críticas hacia la decisión judicial. “Me da igual si es un Mosso o un Guardia Civil, me importa un pepino la profesión que tienen. Nos han formado para asistir a todos”, espetó Argimon en su momento, tras también decir que la vacunación de policías retrasaría la vacunación de los mayores de 70 años.

La Generalitat tenía que haber empezado a vacunar a Guardia Civil y Policía Nacional junto al resto de colectivos que forman parte del grupo 6 del Plan de Vacunación Nacional (trabajadores esenciales, como Mossos d’Esquadra o profesores) el 25 de febrero, pero el gobierno catalán se negó y, posteriormente, adujo que había llegado tarde el censo de los agentes a vacunar. Desde ambos cuerpos se negó en su momento que llegaran tarde y aseguran que los datos estaban listos cuando se pidieron.

Finalmente, los agentes acabaron siendo vacunados a principios de mayo, prácticamente dos meses más tarde que cuando les correspondía y que los Mossos d’Esquadra.