Guardias civiles y policías nacionales, abandonados por la Generalitat: «Nos tratan como a ganado»

El plantón de la Generalitat a guardias civiles y policías nacionales en Cataluña con la vacunación puede tener consecuencias jurídicas y está poniendo en riesgo a los agentes. Consecuencias jurídicas porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aceptado los recursos interpuestos por un sindicato y una asociación –Jupol (Policía Nacional) y Jucil (Guardia Civil)– y ha empezado a investigar al gobierno catalán; y, está poniendo en riesgo a los agentes porque multitud de ellos están expuestos al público y, por tanto, tienen mayor peligro de contagiarse y, además, algunos de ellos forman parte del colectivo de riesgo.

Lo cierto es que el balance hasta ahora es suficientemente elocuente: la Generalitat ha vacunado al 80% de los Mossos d’Esquadra y tan solo alrededor del 15% de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y, en este punto, cabe reseñar que la mayoría de los vacunados de ambos cuerpos estatales han recibido las dosis porque les corresponde por edad al estar en la franja de entre 60 y 65 años. En concreto, en la Guardia Civil se ha vacunado a unos 400 agentes de los 3.000 que hay destinados en Cataluña mientras que de la Policía Nacional se han vacunado a 600 de los 3.700.

Entre estos agentes que siguen sin ser vacunados se pueden encontrar casos como el de Manuel, un policía nacional, que está muy expuesto al público al trabajar en la Unidad de Documentación de Granollers (Barcelona). «Estoy expuesto completamente al publico», expone Manuel, de 50 años, que explica que es diabético. Este agente, destinado en Cataluña pero procedente de Valencia de las Torres (Badajoz), relata cómo diariamente por su oficina desfilan ciudadanos para múltiples trámites, como el DNI, el pasaporte, tarjetas o certificados y eso le obliga a convivir con el riesgo.

«Esto es una oficina en la que pasan diariamente unas 450 personas aproximadamente, de toda índole. No está ventilada y hay solo dos puertas que a veces abrimos para que corra el aire», describe Manuel en una llamada telefónica con este diario, que, además, precisa que justo estos días tiene a una compañera en cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus. «Nos tratan como a ganado», lamenta, tras mostrarse crítico con la actitud de la Generalitat por paralizar el proceso de vacunación a policía nacional y guardia civil.

También, aunque prefiere guardar el anonimato y por ello rechaza que salga su nombre, está el caso de un guardia civil de 37 años con una enfermedad crónica y que está destinado en el Aeropuerto de El Prat, una zona sensible al ser punto de confluencia de muchos pasajeros. Lleva un año sin ir a trabajar al ser persona de riesgo y así lo ha diagnosticado el tribunal médico. «Me tuve que ir en tren a Zaragoza para que me vieran hasta tres médicos», explica. «Estoy a la espera de que me vacunen para poder ir a trabajar», añade y comenta que su mujer sí está ya vacunada porque es profesora en un colegio. En este sentido, también lamenta cómo no poder llevar una vida normal debido al temor del virus se empieza a hacer bastante «agobiante».

El TSJC tiene previsto resolver a la mayor brevedad un caso que saltó el pasado 25 de marzo, cuando la Confederación Española de Policías (CEP) informó de que «los días 26, 29 y 6 de abril estaba prevista la campaña de vacunación de la Generalitat para Policías Nacionales y Guardias Civiles» y, de repente, la administración catalana se desentendió. El sindicato policial denunció que la misma mañana del 25 se les comunicó que la campaña de vacunación quedaría «suspendida sine die, salvo para los compañeros con edades comprendidas entre los 60 y 65 años, en una decisión unilateral del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, al frente del cual se encuentra Alba Vergès».

La explicación que ha dado la Generalitat hasta este momento ha corrido a cargo del secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, quien adujo el pasado martes que en el momento que empezaron con la vacunación de colectivos esenciales con AstraZeneca, entre ellos los Mossos d’Esquadra, solicitaron los censos y que «en el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil llegaron más tarde». Cuando finalmente los tuvieron, el departamento de Salud comenzó la inmunización entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «en dos centros y con dos grupos móviles», pero «al poco de iniciarla es cuando llega la suspensión cautelar de AstraZeneca» por los casos poco frecuentes de trombosis.

Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) llevan días presionando al Gobierno para que dé un paso adelante y se haga cargo de los policías y guardias de Cataluña. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el miércoles que el ejecutivo español tomaría la responsabilidad de administrar las dosis a los agentes y se mostró muy crítica con la Generalitat. Entre los partidos políticos, también ha habido críticas y presiones al Govern: el PSC registró una batería de preguntas para saber por qué no se estaba vacunando a los policías y Ciudadanos advirtió que contempla acciones judiciales por lo que considera un «agravio intolerable» y acusó a la Generalitat de «omisión del deber».