La justicia ordena investigar el retraso de la vacunación de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña

El juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha librado oficio para que los Mossos d’Esquadra investiguen la denuncia presentada por el sindicato JUPOL tras el retraso de la Generalitat en vacunar contra la Covid-19 a policías y guardias civiles.

En el auto de fecha 21 de mayo, el juez Fernando Luis Criado Navamuel da traslado de estas diligencias previas al Ministerio Fiscal, en el marco de las actuaciones incoadas por la denuncia interpuesta en los Juzgados de Guardia de Barcelona por parte de JUPOL, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, y JUCIL, su ‘marca’ en la Guardia Civil.

La denuncia se interpuso por presunto delito de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores debido a la decisión de la Generalitat que llevó a un retraso en la vacunación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en comparación con las inyecciones a agentes de los Mossos, policías locales y bomberos.

La situación se revertió a principios de mayo tras la mediación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que emplazó a la Generalitat a vacunar contra la Covid-19 en un plazo de diez días, de forma que se alcanzara “la misma proporción” de agentes vacunados en Policía y Guardia Civil que en los Mossos d’Esquadra, que por entonces era de un 80%.

“No parece razonable que a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con destino en Catalunya”, reprochan los magistrados del TSJC en su auto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció un plan alternativo en el caso de que la Generalitat prosiguiera con el retraso de la vacunación en una situación que calificó de “disfunción”, motivo por el que fue censurado por parte de varios partidos de la oposición, que le afearon no ser más contundente en la defensa de policías y guardias civiles.