Vivienda
Cataluña presume de multas por alquileres excesivos para esconder el fracaso de la regulación
En un año de vigencia de la ley apenas ha tramitado cinco sanciones y los precios en Barcelona han subido un 3,1%
Un informe hecho público ayer del portal inmobiliario Idealista ponía en entredicho la ley de regulación de los alquileres que la Generalitat aprobó hace más de un año. En el primer año de vigencia de la normativa, lejos de reducir los precios de la vivienda, Barcelona, como el resto de capitales de provincia, ha experimentado un notable aumento, del 3,1%, hasta los 15,4 euros por metro cuadrado al mes. De hecho, en el detalle de los barrios, Sarrià-Sant Gervasi es el único distrito de Barcelona en el que los alquileres se han reducido (-0,1%), mientras que Ciutat Vella es donde más han crecido (17,6%), seguido de Sant Martí (8,9%) y el Eixample (6,7%).
En la provincia de Barcelona los precios han caído en los últimos doce meses un 0,3%, hasta los 14,2 euros por metro cuadrado al mes; mientras que en Cataluña la caída ha sido del 1,3%, hasta los 13,6 euros por metro cuadrado al mes.
El resto de provincias catalanas ha tenido un comportamiento principalmente alcista durante el último año, liderada por Lleida (20,5%), “probablemente debido a la reactivación del mercado de esquí en esta nueva temporada”, según Idealista, seguida por Girona (10,8%) y Tarragona (2,5%).
Pues bien, tras conocerse esta información, la Agencia del Alquiler de Cataluña (AHC) ha emitido las cinco primeras sanciones a personas físicas con multas entre 1.200 y 6.000 euros por haber superado el límite del alquiler que fija la ley catalana de vivienda. Una cifra que, para doce meses de vigencia de la ley, parece cuanto menos escasa.
En cualquier caso, el secretario de Vivienda e Inclusión Social, Carles Sala, ha explicado que el organismo ha detectado la comisión de infracciones consistentes al no adjuntar el índice al contrato o sobrepasar la renta establecida de acuerdo con los criterios de la ley de contención de rentas, o por la concurrencia de ambos supuestos a la vez. Las cinco sanciones impuestas por la AHC han tenido lugar en los municipios de Sant Adrià de Besos, Cornellá de Llobregat, Tortosa, Santa Coloma de Gramenet y Badalona. En los municipios de Sant Adrià de Besòs y Cornellà de Llobregat ya se han hecho efectivas las sanciones por un importe de entre 1.200 y 6.000 euros, mientras que en los otros tres municipios la administración está a la espera del pago de la sanción.
El proceso de detección de casos de incumplimiento de la ley, según el secretario, se dividen en dos tipos: la aproximación de un arrendatario que avisa a la AHC de que en su contrato de alquiler no se cumple la norma, y mediante inspecciones aleatorias. Sala ve “cierta desorientación” sobre si la ley catalana es plenamente vigente, debido a los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) y a la aprobación del anteproyecto de ley estatal de regulación de los precios del alquiler, y advierte de que la ley, por el momento, sí está vigente. En este sentido, Sala ha subrayado que “mientras el TC no se pronuncie, estamos en obligación de seguir aplicando la normativa”.
”La voluntad de la ley no es sancionadora, simplemente pretende que se aplique la normativa”, ha explicado el secretario, que ha añadido que “en el ámbito de las personas físicas que hacen contratos de alquiler, pedimos que acudan a profesionales para evitar problemas vinculados a la ley de contención de rentas”.
Dentro de la Generalitat, las competencias sancionadoras se reparten entre la Agencia de la Vivienda de Cataluña y la Agencia Catalana de Consumo, en función de si el autor de la presunta infracción es persona física o jurídica. De los 460 expedientes sancionadores que gestiona la Generalitat, a la AHC le corresponden 169 pertenecientes al área de la vivienda. Entre ellos, 26 están en fase inicial de apertura; 80 en periodo de información previa; 23 pendientes de cierre; 26 pendientes de incoar; y los 14 restantes están incoados (han iniciado los primeros trámites del proceso sancionador). En cuanto a la declaración de áreas tensas (zonas donde se aplica la norma en los contratos de alquiler), Carles Sala ha señalado que “actualmente cuenta con 51 municipios, aunque está en tramitación la incorporación de una veintena más”.
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