Cataluña recupera la ley antidesahucios tumbada por el TC: obliga a ofrecer alquiler social a personas que ocupen

El Parlament ha aprobado este miércoles por la tarde una nueva ley antidesahucios que recupera varias medidas tumbadas por el Tribunal Constitucional (TC) por razones de forma, como la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales a quienes ocupen sus inmuebles antes de emprender la vía judicial.

La nueva ley antidesahucios también amplía la definición de gran propietario, incluyendo a personas jurídicas con más de diez viviendas (se mantiene en 15 para personas físicas) e incluye la creación de un Registro de grandes tenedores.

Además, contempla la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos de forma injustificada y fija la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social una vez terminados y si los ocupantes todavía se encuentran en la misma situación. Además se amplía su duración: cinco años si el propietario es una persona física, siete si es jurídica y 12 en caso de entidad financiera.

Tras una larga negociación marcada por las reticencias de JxCat a determinadas medidas que a su juicio perjudicaban a los pequeños propietarios, finalmente ERC, Junts, CUP y Comunes alcanzaron un acuerdo para subsanar los errores de forma que señalaba el Alto Tribunal.

Cabe tener en cuenta en este sentido que, a finales de enero, el TC anuló la normativa de vivienda aprobada por el Govern en 2019, al entender que vulneraba el derecho a la propiedad e incluía medidas, como la obligatoriedad de ofrecer alquiler social a personas que ocupen los inmuebles por , que no pueden imponerse mediante decreto ley porque son “coactivas, no voluntarias”.

El nuevo texto, que cuenta con el beneplácito de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), también ha recibido el apoyo del PSC, que reclama activar un «plan integral» para abordar las ocupaciones ilegales. Vox se opuso, mientras PP y Cs rechazaron participar en la votación porque la Mesa no les permitió solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) un dictamen previo sobre la constitucionalidad de la ley. Los populares ya han advertido de que volverán a acudir al TC.

Y es que los miembros independentistas de la Mesa han hecho valer su mayoría y han rechazado admitir a trámite la petición de Cs y del PP, argumentando que la normativa que regula este organismo consultivo establece que las solicitudes las presenten dos grupos. Y al ser el PP parte del grupo mixto se ha considerado que no cumplían los requisitos.

Nacho Martín Blanco (Cs) ha asegurado que han llevado el asunto al CGE, y ha avisado de que se “reservan la posibilidad de acudir a los tribunales”, porque consideran que la Mesa y su presidenta, Laura Borràs, pueden haber incurrido en un delito de prevaricación, en una decisión que ha definido como un ejercicio de tiranía. Lorena Roldán (PP) ha garantizado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por esta decisión.