Cerco al Govern por un contrato a dedo de 35 millones para mascarillas a una empresa a la que había denunciado

En marzo de 2020, apenas unos días después del primer caso de coronavirus en Cataluña y con todas las miradas puestas en Wuhan, foco de la pandemia que estaba a punto de arrasar medio mundo, la Generalitat otorgó a dedo un contrato de 60 millones de euros para la compra de material sanitario, en concreto de mascarillas y EPIs. Y lo hizo a una empresa desconocida -Basic Devices- sin experiencia demostrable y a la que pagó por adelantado un poco más de la mitad del importe, unos 35 millones, tras un acuerdo con los departamentos de Salud y Economía, ambos controlados por ERC con Alba Vergés y el propio Pere Aragonès a la cabeza.

La operación, pese a estar permitida por el paraguas jurídico del estado de alarma, ha hecho sonar todas las alarmas tras la investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña y ha obligado al actual consejero de Salud, Josep Maria Argimon, a comparecer en el Parlament para negar cualquier tipo de “irregularidad” y rendir cuentas entre críticas de la oposición.

Argimon -por aquel entonces director del Instituto Catalán de la Salud, el ente que realizo la compra- ha desgranado los detalles de la maniobra, ha recordado que a pesar de las críticas Antifraude no ve ningún “elemento delictivo o de corrupción” y ha admitido que fue una “operación de riesgo” en un momento de “máxima incertidumbre”. “Hicimos lo que hacía falta, Salud no se equivocó”, ha despachado el consejero.

Cabe recordar que contratos por la vía de emergencia se habilitaron con el estado de alarma, en marzo de 2020, sin requerir una licitación pública.

Antifraude, el ente fiscalizador dependiente del Parlament, considera que la empresa Basic Devices, que recibió este encargo de emergencia de material sanitario por parte de la Generalitat en marzo de 2020, tenía unas referencias “débiles”, además de que el anticipo que la firma recibió de unos 35 millones de euros fue una “temeridad” por la “falta de cobertura legal”, por lo que ha pedido información al Govern sobre esta contratación.

Y es que, además del montante entregado y de la falta de garantías, el punto de mira está puesto en la naturaleza de la empresa. Una compañía desconocida, sin actividad ni experiencia previa en el registro de la Generalitat y con un capital social de apenas 4.000 euros. El primer contacto de la Generalitat con Basic Devices tuvo lugar el 17 de marzo. Dos días después y tras recibir la documentación requerida y acordar los términos de la operación, se firmó el contrato.

Sin embargo, al día siguiente la Generalitat recibió una alerta de presunto fraude y llegó a presentar una denuncia a través del departamento de Economía, dirigido entonces por Pere Aragonès. El 22 de marzo, el Ejecutivo se reunió con la compañía, que aclaró las dudas y aportó toda la documentación requerida, según el Govern. Entonces, retiró la denuncia y la operación se formalizó en menos de una semana. “Sólo cinco días después, el 28 de marzo, llegan los primeros materiales”, ha resumido Argimon.