Barcelona anuncia una guerra judicial para mantener las restricciones a los coches contaminantes

La batalla legal para mantener la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona solo acaba de comenzar. Tras el revés esta semana del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una cosa queda clara, el gobierno municipal de Ada Colau, si bien se abre a hacer pequeñas modificaciones, no piensa renunciar a uno de sus proyectos estrella en la lucha contra la contaminación.

Así, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el resto de municipios implicados en la zona de bajas emisiones han movido ficha esta mañana. Tras una reunión para consensuar una respuesta a la anulación de la zona de bajas emisiones por parte del TSJC, han decidido presentar una cadena de recursos contra la decisión judicial. En cualquier caso, y hasta que no haya una sentencia firme, la ZBE en Barcelona sigue vigente.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha manifestado su “sorpresa” ante una decisión judicial que incluye, a su juicio, “graves incoherencias” y “más elementos políticos e ideológicos que jurídicos”, ya que “la legislación catalana prioriza el derecho a la salud” mientras que “la legislación estatal con la Ley del Cambio Climático obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a hacer zonas de bajas emisiones”. Para ello intentarán evitar que la esta sentencia sea firme. A su juicio, “parece que incorpora más elementos políticos e ideológicos que jurídicos”, espeta.

En nombre del Ayuntamiento de Barcelona y del resto de administraciones afectadas, Sanz ha asegurado que la Zona de Bajas Emisiones “sigue vigente” y que la defenderán “entre todos” para que “los vecinos y vecinas de todos estos municipios se queden sin ella”, ha expresado. Sanz ha asegurado, no obstante, que el gobierno realizará los cambios necesarios en la normativa para poder mantener las restricciones en los coches más contaminantes. En este sentido, Sanz apunta una de las mejoras podría ser que la DGT apruebe el uso de filtros antipartículas en los motores más antiguos para que dejen de contaminar tanto. “Aquí el Estado va tarde”, ha dicho. También la Generalitat ha cerrado filas en torno a la ZBE. La portavoz del gobierno, Patrícia Plaja, ha defendido que es una herramienta “positiva y necesaria”, y que el despliegue debe hacerse “de forma equilibrada y con criterios socioeconómicos que no dejen a nadie atrás”.

Por parte del Ayuntamiento, a la reunión han asistido la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, y la concejala de Movilidad, Laia Bonet. También estaban presentes el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Marc Sanglas, y el director del Área de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Joan Maria Bigas. Esta es la segunda reunión que han mantenido las tres administraciones, después de que el martes realizaran un primer encuentro para consensuar una respuesta.