La AEB presenta una demanda contra el Govern: da un mes para cumplir con el 25% de castellano

Una vez superado el plazo temporal para aplicar la sentencia del 25% de castellano, el constitucionalismo ha impulsado una ofensiva judicial ante la desobediencia de la Generalitat. Entidades y partidos han iniciado acciones para forzar la ejecución de la resolución judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre de 2020: el último en hacerlo ha sido la entidad de referencia Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha presentado este miércoles una demanda ante la Justicia con el apoyo de 1.643 familias con alumnos en la escuela pública para que se ordene a la Generalitat a cumplir con el 25% de castellano en un mes como máximo.

En el escrito, liderado por el abogado Pepe Domingo y la líder de la AEB Ana Losada, se acredita que el Govern ha desobedecido. Por un lado, se documenta que 300 centros públicos siguen sin modificar los proyectos lingüísticos para incorporar el 25% de horas lectivas en castellano: es decir, mantienen el catalán como lengua vehicular. Por otro lado, se aportan las declaraciones de los responsables del Govern en los que se niegan a obedecer la sentencia, así como la circular que remitió el conseller de Educación Josep González Cambray a los centros escolares conforme todo tenía que seguir igual (es decir, seguir sin dar más castellano).

“Entendemos que la conselleria no ha cumplido con el mandato del TSJC”, ha señalado Domingo. “Por muchas trampas que se hagan, no conseguirán sus objetivos”, ha añadido, aludiendo a las “mentiras” a los ciudadanos y profesores de la Generalitat diciendo que no iba a cambiar nada.

A partir de aquí, Domingo también ha querido desmontar las maniobras del Govern con las que ha respondido al TSJC tras haber incumplido la sentencia. Entre estas maniobras, aparece la proposición de Ley impulsada por PSC, ERC y Comunes para modificar la Ley de Política Lingüística de 1998 y flexibilizar la inmersión lingüística sin fijar porcentajes de castellano: a ojos de Domingo, esta medida “no dice nada” porque es una iniciativa que se puede retirar de un día para otro y tampoco ha sido impulsada por el propio Govern.

Domingo también ha rechazado la previsión del Govern para desarrollar en nueve meses el régimen lingüístico de la Ley de educación de Cataluña: “No hay decreto, hay expectativas de decreto”. En este sentido, Domingo recuerda que la sentencia se dictó en 2020 y, desde entonces, el Govern no ha hecho más que lanzar la pelota adelante y proyectar iniciativas a meses vista sin preparar nada para dar cumplimiento.

Una vez acreditado que el Govern no ha cumplido con la sentencia, la demanda reclama que en el plazo de un mes se modifiquen los proyectos lingüísticos de cada centro (es donde figura el uso de la lengua en la escuela) en un mes y que el conseller aporte un certificado extendido por el director del centro educativo y visado por la Inspección con los porcentajes de castellano y catalán. También se advierte a Cambray y a los directores de los centros que, en caso de incumplimiento, podrían incurrir en responsabilidades penales.

Domingo, no obstante, ha advertido que no tienen por ahora intención de acudir a la vía penal y confían en la “buena fe” de la administración pública para que cumplan.

Tras haber presentado la demanda (que se suma a las de Hablamos Español y Convivencia Cívica, además de Vox y la denuncia de Ciudadanos), las partes (Generalitat) tiene 20 días para dar respuesta y el TSJC tiene luego 10 días para resolver.

Losada también ha lamentado la actuación del Gobierno: “Estamos aquí porque el Gobierno de España no ha hecho nada. No ha cumplido con su trabajo”.