Cataluña y Aragón llevan al límite la pugna por los Juegos Olímpicos de Invierno

Justo hace 15 años, el 13 de marzo de 2007, Josep Lluís Carod Rovira se plantó en la sede del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausanne con un único objetivo: pedir la creación de unos Juegos Olímpicos para «territorios sin Estado». Y lo hizo en calidad de vicepresidente de la Generalitat, el rango más alto que hasta entonces había ocupado un dirigente de ERC desde Tarradellas. Ahora, con Pere Aragonès instalado al frente del Govern y tras un proceso independentista muy difícil de prever hace dos décadas, Cataluña pacta los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 compartidos con el COE y la Moncloa, mientras el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se descuelga del acuerdo conjunto. Paradojas del destino.

El deporte es política también en 2022, con un conflicto que ha estallado y corre serio riesgo de cronificarse. Rebobinemos. La iniciativa partió de cero en verano de 2021 con la carta oficial del president Pere Aragonès al COE para optar a una candidatura de los Pirineos catalanes junto a Aragón. Con los presupuestos de la Generalitat aprobados y una cuantía prevista para la consulta en el territorio, el proyecto se empezó a enredar a principios de este año cuando la mano derecha de Aragonès y consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, aseguró que Cataluña tenía la marca y el peso de la iniciativa olímpica y solo habló de «colaborar» con otros territorios en referencia a Aragón.

Una posición que iba en contra de la postura oficial del Gobierno de España y del COE, que siempre habían asegurado que se trataba de una candidatura de los Pirineos compartida por Aragón y Cataluña. Incluso el presidente Pedro Sánchez había garantizado en septiembre en Zaragoza y ante Lambán que era un «proyecto de Estado» en el que ambos territorios estaban «en pie de igualdad».

La diplomacia deportiva se activó entonces, el COE de Alejandro Blanco limó asperezas por ambos lados y ejerció de mediador para acercar posturas e intereses. En juego estaba una candidatura para presentar ante el COI y competir con Sapporo (Japón) y Salt Lake City (Estados Unidos) de cara al certamen de 2030. La mediación parecía haber dado sus frutos y el 28 de marzo el propio COE oficializó el acuerdo técnico alcanzado y mandó una carta al Gobierno, al Govern y al Gobierno de Aragón para que ratificaran la propuesta. Un pacto rubricado por dos de las tres partes –la Moncloa y la Generalitat– y sin el apoyo de Lambán. Descontento con un reparto que dice que no es equitativo, ya ha contratacado con una nueva propuesta para repartirse las pruebas y sedes de la competición.

Con la distribución actual, el pirineo catalán acogería el esquí de fondo y el esquí alpino –las pruebas Reina en los JJOO de Invierno, que Aragón reclama compartir–, el snowboard, el freestyle esquí y el esquí de montaña. Y en la capital catalana se disputarían las pruebas de hockey hielo. Según las previsiones, Cataluña acogerá a 2.600 deportistas y personal oficial (staff técnico). Y el pirineo aragonés debería acoger el esquí de fondo, el biatlón y el curling (en el palacio de hielo de Jaca). Zaragoza organizaría el patinaje artístico, patinaje de velocidad y short track. La previsión es cobijar a 2.100 deportistas y oficiales.

La COE ya ha anunciado que convocará una reunión el 25 de abril para encontrar una solución ante el desmarque de Aragón y la negativa de Cataluña a introducir cambios. Lambán ha recrudecido estos últimos días sus críticas, tilda de «inaceptable» la propuesta del COE ya que «solo favorece a Cataluña» y emplaza a buscar «entre todos» un acuerdo «justo y equilibrado».

Desde la Generalitat argumentan que el pacto se trabajó en seis reuniones técnicas de la comisión creada específicamente para los JJOO de 2030 con miembros de todas las partes implicadas, también del Ejecutivo de Lambán, y aseguran que no cambiarán ni una coma. No está dispuesto el Govern de Pere Aragonès a ceder ante un proyecto que despierta enormes recelos en una parte del independentismo, especialmente en la CUP. Tampoco goza del apoyo de los Comunes de Ada Colau, el partido que facilitó la aprobación de los presupuestos de Aragonès, y Junts vigila con lupa cualquier paso que dé ERC de la mano del Gobierno en calidad de socio de legislatura.

Y desde la Generalitat también mantienen que el socialista Javier Lambán se mueve por intereses electoralistas –tiene las elecciones a la presidencia de Aragón en un año máximo- para recrudecer su postura, plantarse y exigir más. ERC juega con la baza de ser socio de legislatura en el Congreso y Lambán es uno de los barones del PSOE que puede revalidar el cargo en una plaza crucial para el interés de los socialistas ante 2023. Nadie quiere ceder ante el vecino, ni en cuestiones deportivas ni mucho menos en políticas en una nueva encrucijada que el Gobierno trata de esquivar refugiándose en el COE.

¿Consulta en Barcelona?

Las cartas están sobre la mesa y Cataluña ya ha dado un paso al frente: ha convocado la consulta para el 24 de julio en las comarcas afectadas –Alt Pirineu y Arán–, además de una segunda no vinculante en otras tres zonas afectadas colindantes, el Sosonès, el Berguedà el Ripollès. Un compromiso del Govern que ha levantado una polvareda de críticas del territorio y de la política. El último en sumarse ha sido el propio Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quien insta al Ejecutivo a cambiar la fecha de la consulta prevista en pleno verano en las comarcas pirenaicas sobre los JJOO de invierno de 2030, que incluya a Barcelona en la consulta y que mejore y complete la información pública sobre el proyecto de la candidatura.