El independentismo se enfrenta a su propia “primavera caliente”

El independentismo se adentra en su propia “primavera caliente”, con el pacto del catalán, la situación judicial y política de Laura Borràs, la resolución de la sentencia del 25% de castellano y el liderazgo en Junts, el partido de Puigdemont, pendientes de resolver a corto plazo, en los próximos días y semanas. Un reguero de acontecimientos que pueden marcar el rumbo de un movimiento en crisis social y política pese al pacto de convivencia del Govern de Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat.

Una de las primeras asignaturas pendientes es precisamente aprobar la reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 pactada con el PSC y los Comunes y de la que Junts se ha desmarcado. La votación en el Parlament está fijada para la semana que viene (jueves) y ningún partido quiere que los posconvergentes se descuelguen –ERC, por ejemplo, evita una fotografía del hipotético «tripartito», mientras que socialistas y morados no aceptar cambiar nada de lo suscrito–, aunque no hay avances en este sentido y el independentismo sigue enredado en cómo dar con la tecla y resolver su división.

Y esta polémica le puede costar a ERC y Junts un fuerte varapalo desde la calle: el independentismo más radical –encabezados por la ANC y la CUP– se lanza contra el castellano y busca boicotear la reforma lingüística que flexibiliza la inmersión en función de la realidad sociolingüística de cada centro y otorga al español categoría de lengua de «aprendizaje» pese a seguir blindando el catalán. Concesiones más que suficientes para la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que quiere agitar las bases, busca añadir presión a los partidos con la vista puesta especialmente en los posconvergentes y llama a dos jornadas de protesta ante el Parlament, el martes 26 y el jueves 28, justo cuando se debe debatir, presentar enmiendas al texto y aprobar la reforma definitiva en la cámara.

A renglón seguido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene que dirimir si admite a trámite las demandas de las organizaciones constitucionalistas –principalmente de Escuela de Todos, que presentó más de 1.600 peticiones de familias– y fuerza al Govern a aplicar la sentencia del 25% de castellano. Esto podría resolverse en mayo, según prevé la Asamblea por una Escuela Biligüe (AEB). De hecho, el Govern de Pere Aragonès ha presentado ante el tribunal esta reforma lingüística para responder a la sentencia que tumba la inmersión, aunque ha entrado de «facto» en la desobediencia ya que la norma blinda la posición preferencial del catalán en las aulas y sirve para esquivar el 25% de castellano al no fijar porcentajes.

Otra de las «patatas calientes» del independentismo es la situación judicial y política de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Procesada por cuatro delitos de corrupción – malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental– la Fiscalía debe presentar ya su escrito de acusación con el que el TSJC puede abrir juicio oral. Si lo hiciera, el reglamento del Parlament prevé que Borràs sea suspendida de sus funciones, un extremo que la dirigente busca evitar sí o sí. Y entonces, todas las miradas se dirigirán hacia ERC teniendo en cuenta que los republicanos siempre se han mostrado muy críticos contra la posconvergente y su imputación.

Además, los partidos independentistas también se enfrentan al escrutinio que ejercerá la propia ANC desde la calle bajo la amenaza de convertirse en una especie de contrapoder y presentarse a las próximas elecciones con una lista ciudadana. Si se materializase esta candidatura, supondría un claro desafío a ERC, JxCat y la CUP ya que podría competir con ellos y profundizaría en la división independentista. De hecho, la ANC tiene pendiente elecciones internas para renovar a toda su cúpula, que celebrará entre los días 10 y 14 de mayo en un momento de máximo enfriamiento de relaciones con los partidos independentistas. Y del nuevo equipo resultante dependerá el órdago definitivo.

Indignación por el supuesto espionaje

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas y el entorno de Carles Puigdemont fueron víctimas, junto a más de 60 líderes independentistas, del sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo pueden comprar Gobiernos, según una información de “The New Yorker”.

Según este informe, entre los dirigentes víctimas de este programa también figuran el abogado de Puigdemont -Gonzalo Boye-, y el del exvicepresidente Oriol Junqueras -Andreu Van den Eynde-, así como dirigentes de ERC, Junts y la CUP y de entidades independentistas como Òmnium Cultural y la ANC.

Se trataría de 63 independentistas víctimas del programa Pegasus (más otros cuatro infectados con el virus Candinu, dos de ellos atacados con las dos herramientas a la vez), un programa de la empresa israelí NOS Group que solo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.

La información de “The New Yorker”, con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, ha indignado al independentismo catalán, hasta el punto de que Aragonès y su Govern en pleno comparecerán mañana martes por la tarde en el Palau de la Generalitat para valorar este “espionaje masivo” mientras que Puigdemont y Junqueras ofrecerán, junto a otros dirigentes, una rueda de prensa en el Parlamento Europeo para anunciar las medidas que adoptarán al respecto.