El Parlament veta dar más castellano en las aulas tras la advertencia de la justicia

Luz verde a vetar el castellano en las aulas catalanas pese a la sentencia del TSJC que tumba la inmersión y a los sucesivos requerimientos de la justicia al Govern para aplicar el bilingüismo en todo el sistema educativo. Esquerra y Junts han logrado aprobar el decreto del Govern para esquivar el 25% de castellano gracias a los ocho votos de los Comunes, el partido que cobija a Podemos en Cataluña. El PSC se ha opuesto y ha votado en contra junto al resto de la oposición.

La aprobación de la Cámara llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya instado de nuevo al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, a dictar instrucciones para cumplir la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano. Un nuevo requerimiento notificado la semana pasada tras el desacato del Ejecutivo de Pere Aragonès.

Para esquivar el 25% de castellano en las aulas, el Govern ha tratado de levantar un armazón jurídico sustentado en dos patas: la ley de Política Lingüística impulsada en el Parlament y el mencionado decreto que hoy la cámara ha validado sólo con el apoyo de los Comunes (71 diputados de 135).

La normativa fija la “inaplicación” de porcentajes en las aulas, atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar los proyectos lingüísticos de los centros y fue avalado por unanimidad por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), al igual que la ley del Parlament sobre esta misma materia.

De hecho, el decreto constata explícitamente la “inaplicación” de “porcentajes, parámetros numéricos o proporciones” en el uso de lenguas en la escuela y sirve para la Generalitat lo presentara como respuesta a la sentencia del TSJC que obliga a impartir un 25% de clases en español (una más que la propia de lengua).

Un punto que colisiona directamente con las sucesivas órdenes de la justicia, que pide “adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.

Como segundo aspecto capital, el decreto atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir «la responsabilidad sobre la legalidad» de los proyectos lingüísticos de los centros educativos con el objetivo de tratar de proteger a las escuelas y a los docentes y eximirles de cualquier consecuencia. Por tanto, implica directamente al departamento que dirige el republicano Josep González-Cambray.