Estrasburgo

Junqueras denuncia a España ante la justicia europea por la sentencia del 1-O

Presenta una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos junto a Bassa y Romeva

Nueva ofensiva de Esquerra en los tribunales por el «procés», en concreto en el plano internacional. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y los ex consejeros republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sendas demandas contra España por la supuesta “falta de imparcialidad” del proceso judicial y la sentencia del “procés”. En concreto, por la condena del Tribunal Supremo a 13 y 12 años de cárcel respectivamente por sedición y malversación por el impulso y la organización del referéndum ilegal del 1-O.

Los letrados Andreu Van den Eynde y Clara Serra, acompañados de los tres ex consejeros, indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez hace ahora un año, expusieron este miércoles en un acto en el Colegio de Periodistas de Barcelona los hipotéticos agravios que denuncian de la justicia española e insistieron en su tesis de que que existe en todo este procedimiento «un prejuicio» que lo «contamina».

Van den Eynde esgrimió ante los medios que los tres ex consejeros han vivido «indefensión» durante todo el proceso y redobló la ofensiva asegurando que «se ha tergiversado todo el derecho para perseguir, no hechos delictivos, sino personas». En este sentido, los recursos que han presentado ya los dirigentes de ERC, con Junqueras a la cabeza en Estrasburgo, giran en torno a una idea: la supuesta «falta de imparcialidad» del Supremo en el juicio del 1-O.

De hecho, la estrategia de la defensa de los dirigentes republicanos es enmarcar sus demandas en la «persecución política contra el independentismo». «Esta causa se ha construido sobre la base de condenarnos por delitos que no existen en el Código Penal, sobre la base de criminalizar al conjunto del republicanismo y de las aspiraciones republicanas y de deshumanizar a sus representantes», criticó ayer al respecto Oriol Junqueras incidiendo en la idea de «persecución política» del Estado contra el independentismo.

Los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa se suman a los ya presentados por Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell y Quim Forn. De hecho, el abogado del presidente de Esquerra explicó que «por lógica técnica» los recursos de los tres dirigentes republicanos deberían acumularse con los de los otros dirigentes que también han acudido a Estrasburgo en una «macrocausa» del independentismo.

En concreto, los dirigentes republicanos denuncian diversas vulneraciones de derechos: al principio de legalidad, a la libertad, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, el derecho a un juicio justo y a la doble instancia penal, a la presunción de inocencia, a la prohibición de abuso de poder y a unas elecciones libres.

Una maniobra de Junqueras y el resto de dirigentes de ERC –menos Forcadell, quien ya había presentado su propio recurso– que llega en pleno deshielo de la Generalitat con el Gobierno de Pedro Sánchez y justo coincidiendo con las demandas de ERC a favor de la «desjudicialización» del procés en la mesa de diálogo. Un catálogo de exigencias que los republicanos encuadran dentro de una «agenda antirrepresiva» y en las que incluyen, por ejemplo, el recurso por la concesión de los indultos de los propios Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva, además de al resto de los condenados por el 1-O que el TS revisará.

Ahora y en paralelo llega esta denuncia por la vía internacional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la que Junqueras y el resto de dirigentes republicanos piden formalmente que Estrasburgo reconozca que se han vulnerado los derechos mencionados del Convenio de Derechos Humanos. Las defensas aseguraron ayer que calculan y esperan que el periplo judicial se alargue un par de años y no los cinco que podrían transcurrir. Al encuentro de ayer participó desde Suiza la secretaria general del partido Marta Rovira. Preguntada sobre Anna Gabriel, ella rechazó entregarse al Supremo y esgrimió que ella tiene una orden de ingreso en prisión por presunta rebelión.