Laura Borràs: a juicio y suspendida de forma virtual

La carrera política de Laura Borràs se encuentra en «KO técnico». La presidenta del Parlament y lideresa de Junts se sentará en el banquillo acusada por corrupción, en concreto por prevaricación y falsedad documental. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto juicio oral por presuntamente fraccionar contratos a dedo para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. La noticia implicará su suspensión como diputada y presidenta de la Cámara, una maniobra que este jueves debatirá la Mesa con el apoyo de ERC, PSC y la CUP, que suman mayoría.

Una vez dictada la resolución judicial, el siguiente trámite es dar traslado a las defensas para que presenten sus escritos. Recibida toda la documentación, el TSJC fijará previsiblemente en septiembre la fecha de juicio.

En la causa, la Fiscalía ha reclamado para Laura Borràs una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, además de una multa de 144.000 euros, por estos dos delitos asociados a la corrupción. También se sentarán en el banquillo su amigo Isaías H. –quien supuestamente se favoreció de los contratos– y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC, la entidad cultural pública dependiente de la Generalitat.

Esta novedad en el caso Borràs implicará de inmediato un tsunami político de consecuencias difíciles de prever y una nueva guerra abierta entre Esquerra y Junts. Mañana mismo se reunirá la Mesa del Parlament a las 12 del mediodía para abordar su situación y todo apunta a una suspensión inmediata después de que ERC, la CUP y el PSC así lo hayan pedido y anunciado. La incógnita es saber cómo se producirá: los republicanos quieren evitar este extremo y reclaman a Borràs que se aparte de forma voluntaria de sus funciones y pactar su recambio con los posconvergentes.

No obstante, si Borràs persiste en su negativa y se atrinchera en el cargo como dijo que haría, todos los partidos excepto Junts han avisado que la dejarán caer ya, automáticamente. Y aquí entra en juego el reglamento del Parlament: el artículo 25.4 indica que la Mesa debe «acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata» cuando se decrete apertura de juicio oral –justo ahora– y en caso los delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs. Es decir, la carrera política de la posconvergente se ve inmediatamente abocada al abismo.

Otro de los puntos calientes será saber quién ocupa su lugar. Los republicanos se han prestado a llegar a un hipotético acuerdo para que las funciones de Borràs puedan quedar en manos de otro representante de Junts mientras no se resuelve el caso en los tribunales. De ser suspendida automáticamente por la Mesa en aplicación del reglamento, sus funciones las debería asumir la vicepresidencia, en este caso Alba Vergés de Esquerra. Sin embargo, los republicanos piden llegar a un acuerdo con los posconvergentes si Borràs se apartara de forma voluntaria y aquí todos los focos apuntan hacia Aurora Madaula, secretaria de la Mesa y uno de los principales apoyos políticos de la presidenta de la cámara y de Junts.

La última incógnita por resolver es saber cómo impactará la «bomba Borràs» en el seno del Ejecutivo de Pere Aragonès. ERC insiste en blindar el Govern y separarlo de las trifulcas del Parlament, pero los posconvergentes siempre han cerrado filas con su lideresa e incluso reformaron sus estatutos internos para tratar de blindarla políticamente en el seno de la formación.