Los presupuestos catalanes, la víctima colateral de la batalla del Govern

La negociación para los presupuestos catalanes de 2023, la ley más importante que debe tramitar y aprobar un Govern en el Parlament, llega en el peor momento. En plena batalla entre socios, con el ultimátum de Junts y el debate de política general a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo debe empezar ya a elaborar y negociar las cuentas si quiere aprobarlas en tiempo y forma para que entren en vigor el 1 de enero de 2023.

Y aquí aparecen los primeros problemas para el gabinete de Pere Arargonès: la denominada «mayoría del 52%» –ERC, Junts y la CUP– hace un año que se rompió justo con los presupuestos de 2022, cuando los antisistema se descolgaron de la alianza y certificaron su «no» al Govern. Ante este escenario, los Comunes acabaron salvando su aprobación «in extremis», por lo que ahora todas las miradas vuelven a apuntar hacia el partido morado.

Eso sí, la facción de Podemos en Cataluña pone su condición para sentarse con el Govern y empezar a negociar. Y no es otra que resolver la crisis interna de una vez por todas para clarificar la legislatura, exigencia que Jéssica Albiach ya ha trasladado al propio Aragonès. En concreto, la dirigente le reclama «humildad» para tomar cartas en el asunto y reconocer la crisis de la coalición. «La responsabilidad es del presidente», aseguró Albiach. Aquí se suman las enormes diferencias tanto ideológicas como sociales de los Comunes con Junts, dos partidos incapaces de entenderse ni en el terreno político ni en el de gestión.

El Govern es «el último de los espacios donde repercuten las diferencias entre los dos partidos» que forman la coalición, ya que los consellers «se esfuerzan en que el día a día de sus departamentos esté aislado de las dinámicas de partido», aseguran en el gabinete de Pere Aragonès.

Este martes, la portavoz Patricia Plaja no negó las «discrepancias evidentes, conocidas», entre los dos socios independentistas, pero ha remarcado que en estos momentos la «prioridad inmediata» de todos los consellers es la «elaboración y aprobación» de los presupuestos catalanes para 2023, una tarea en manos de Jaume Giró (Junts) –partidario de permanecer en el Govern– y que implica a todos los dirigentes del gabinete, en especial a Aragonès (ERC), por lo que republicanos y posconvergentes deberían trabajar de la mano pese a las turbulencias por la hoja de ruta independentista.

Tampoco el escenario de la CUP parece viable este año pese al guiño del Ejecutivo con la creación inminente de una empresa energética pública, operativa en dos meses si se cumplen los plazos. El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer tildó «insuficiente» la propuesta del Govern, lanzada por Aragonès desde la semana del clima de Nueva York. En una rueda de prensa, Pellicer aseguró que el «nombre grandilocuente de energética pública no corresponde a la realidad», ya que sería «una comunidad energética», y la equiparó con las que hace un grupo de vecinos.

Y en el precario juego de equilibrios interno aparece la opción del PSC, con quien Giró ya se ha reunido para tantear. De hecho, los posconvergentes no verían con malos ojos esta vía, una opción que en ERC no convence por la excesiva dependencia de los socialistas que ello comportaría.

Cabe recordar que la Generalitat ya ha acordado fijar en 33.113 millones de euros el techo de gasto no financiero y no finalista de Cataluña para 2023. Una cifra que supone un 10% más que el año pasado y los presupuestos más altos desde 2008.

Por si fuera poco, esta semana se ha añadido un debate nuevo en la agenda: los impuestos. El president explicó que Cataluña mantendrá el impuesto de patrimonio, aunque dijo que considera que «es bueno que pueda haber unas bases comunes». Y en temas de fiscalidad tampoco hay unanimidad con los posconvergentes.