La guerra abierta en el independentismo catalán pone en jaque a las instituciones

Un año y medio después de las elecciones catalanas, la guerra del independentismo hace tambalear las instituciones con el «procés» en caída libre, en medio de una crisis galopante por gestionar y a meses de un largo ciclo electoral con las municipales de 2023 como pistoletazo de salida. Govern y Parlament están en jaque por la crónica guerra entre Esquerra y Junts, dos partidos antagónicos pese a compartir el objetivo de la secesión y cuyas relaciones se han deteriorado de manera fulgurante en los últimos meses.

Son varios los factores que han agravado una pugna endémica que ya amenaza con llevarse por delante el Ejecutivo de la Generalitat. Las diferencias estratégicas en la hoja de ruta a seguir; la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament; el cambio de liderazgos en Junts y la Diada de la fractura independentista con la ANC agitando la vía unilateral desde la calle han terminado con la convivencia de mínimos que republicanos y posconvergentes habían pactado en la Generalitat, hasta el momento al margen de las turbulencias partidistas.

Ahora, y tras un 11-S que ha evidenciado las heridas abiertas del movimiento, los partidos negocian a la desesperada la supervivencia de un Govern en serio riesgo de colapso. Y las posturas siguen enconadas a10 días del debate de política general del Parlament, fecha límite que Junts fijó a Pere Aragonès para virar el rumbo del «procés» con la amenaza de salir del Ejecutivo, una opción que gana enteros no solo entre las bases, sino también entre dirigentes afines a Carles Puigdemont.

Para evitar su salida de la Generalitat, Junts pone a Esquerra tres condiciones: crear el «espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica del independentismo» que prevé el acuerdo de gobierno -un sanedrín similar al que preparó en la sombra el 1-O-; unidad independentista en el Congreso de los Diputados; y la negociación de la amnistía y la autodeterminación en la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En el otro lado del «ring», ERC rechaza las tres, especialmente las dos que afectan a su estrategia negociadora con la Moncloa. Los republicanos, con 13 escaños frente a los 4 posconvergentes en la Cámara Baja, no están dispuestos a diluir su posición de influencia, ni a poner en riesgo el papel de socio preferencial del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en plena recta final de legislatura y con la desjudicialización pendiente de avances en la mesa de diálogo.

Así se lo trasladó el propio president Pere Aragonès a Laura Borràs y al secretario general de Junts, Jordi Turull, en una cumbre maratoniana que el miércoles protagonizaron ambos partidos en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. El encuentro terminó sin ningún acuerdo y con una ristra de reproches filtrada sin descaro a los medios.

Y en público, el argumentario de ambos partidos para presionar al rival tampoco da pie a pensar en una tregua inminente. Los republicanos insisten en que Junts se dedica a trasladar sus divisiones internas al Ejecutivo y reclaman poder trabajar «sin ultimátums». Mientras, los posconvergentes hurgan en el papel Aragonès como cómplice del Gobierno de Sánchez: «Quién se tiene que aclarar es Esquerra sobre si prioriza el pacto de legislatura con el PSOE o bien cumple el acuerdo con Junts», avisó el portavoz del partido, Josep Rius, dirigente de la más estrecha confianza de Carles Puigdemont.

Las consecuencias de la batalla independentista son por ahora imprevisibles, con una hipotética salida del Govern que Junts agita y quiere someter a votación de su militancia sea cuál sea el veredicto de la cúpula. El objetivo de ambos partidos es rehacer puentes, aunque el cisma es severo y profundo. Los presupuestos del año que viene y la gestión de los fondos europeos son las principales tareas internas que se acumulan mientras tanto en el gabinete. Los comunes, socio preferencial del Ejecutivo con las cuentas, ya avisan y reclaman a Aragonès «humildad» para tomar cartas en el asunto y reconocer la crisis de la coalición. «La responsabilidad es del presidente», aseguró ayer la líder del partido morado, Jéssica Albiach.

Otro factor coyuntural a tener en cuenta son las mencionadas elecciones locales del año que viene, una auténtica prueba de fuego que los alcaldes posconvergentes no quieren afrontar fuera del Ejecutivo de la Generalitat.

Por si fuera poco, la parálisis del independentismo se reproduce también en el Parlament a raíz de la suspensión de Laura Borràs como presidenta al estar pendiente de juicio por corrupción, una maniobra ejecutada por ERC, PSC y la CUP antes de las vacaciones.

«Hay un gobierno con conflicto crónico entre socios, que se exporta al Parlament. No tener una presidencia plena del Parlament es una falta de respeto a la institución, con el riesgo de extenderlo a otros espacios institucionales», denunció el líder de la oposición, Salvador Illa (PSC), sobre una situación de interinidad nunca vista en la Cámara.

De hecho, los socialistas presionan a Esquerra y se han ofrecido esta semana tanto al partido de Aragonès como a la CUP –además de a Junts– para llegar a un acuerdo político, relevar a la dirigente y nombrar a otra persona para la presidencia de forma urgente. También aquí el consenso parece una quimera. Borràs se niega a dimitir, ERC no quiere hacer ninguna maniobra de riesgo y ambas formaciones abocan al Parlament a la provisionalidad ante la cita más importante del año: un debate de política general clave.

Un calendario endiablado

El partido de Laura Borràs fijó el Debate de Política General dentro de dos semanas como ultimátum para decidir si sale o no del Govern. La cita empieza el 27 de septiembre en la Cámara, justo en vísperas del quinto aniversario del referéndum ilegal.

Puigdemont entra en escena: ayer se reunió con la presidenta de la Assembla Nacional Catalana (ANC) tras la Diada y después de que la entidad apostara por una nueva DUI en el segundo semestre de 2023, un órdago que sí han rechazado Esquerra y Junts.

El ex president de la Generalitat se citó con la entidad independentista para «encarar» la manifestación del quinto aniversario del 1-O, que tanto la ANC como el Consell per la República quieren organizar en Barcelona para alentar de nuevo el desafío desde la calle.