Las agresiones de presos a funcionarios se multiplican por 6 en Cataluña en seis años

El asesinato de la funcionaria Núria López a manos de un recluso con el que trabajaba en la cocina de Mas de Enric resucitó por enésima el debate sobre las agresiones al personal de prisiones.

Ya hace tiempo que los trabajadores denuncian que detectaron un incremento y los datos recogidos en la conselleria de Justicia así lo reflejan.En los últimos seis años los incidentes se multiplicaron casi por seis, un crecimiento no lineal por el bajón de actividad en las cárceles durante la pandemia.

En 2017 se registraron 202 agresiones en el total de centros penitenciarios de Cataluña. El año pasado hubo 577, de las que 80 fueron graves y requirieron baja laboral.

Cataluña tiene una política penitenciaria propia basada en la reinserción y rehabilitación, un modelo que ha ido evolucionando desde los años 80 y que los sindicatos cuestionan, alegando que se sienten cada vez más inseguros.

Mientras, la investigación policial sobre la cocinera asesinada en la prisión de Mas d’Enric abrió una nueva línea, que es la de si ella misma ya había tenido que elevar un informe hacía un tiempo sobre su presunto asesino, alertando sobre su potencial peligro.

La víctima habría dado el aviso de alerta al detectar que la actitud del preso, Iulian, era violenta. La causa fue una pelea hace unos meses con otros trabajadores internos. Según anunció la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, este fue el único suceso violento relacionado con el interno rumano desde que ingresó en Mas d’Enric.

Además, compañeros de la cocinera asesinada afirmaron que los derechos de los presos se respetan pero los suyos no, en referencia a la resonancia mediática sobre los mismos, en los días que la conselleria prefirió evitar que los internos salieran de sus celdas, con el objetivo de garantizar la seguridad en las cárceles. Lo dijeron en un comunicado que leyó Maragda, una funcionaria de Mas d’Enric, a las puertas de las prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires.

Replicaron así a las entidades de derechos humanos que reclamaron respetar los derechos de los reclusos: «No se puede considerar cualquier molestia una vulneración de los derechos humanos», afirman en el manifiesto.

«Los derechos humanos de los internos son respetados en todo momento y nos implicamos con sus necesidades a diario mucho más que cualquier burócrata desde su despacho», añade el texto.

Maragda anunció que el comunicado se dirige a las entidades de derechos humanos y a la parte de la ciudadanía que creen que no entiende sus protestas: «Todas las personas que trabajamos en centros penitenciarios también tenemos derechos humanos que se vulneran de forma sistemática», y mencionó el derecho a la vida y a la integridad física y moral.

También señaló la importancia de la salud mental de los presos para garantizar la convivencia en las cárceles, y criticó que «está desatendida» por parte de la Generalitat por falta de unidades psiquiátricas para atenderlos. «Pero nuestra salud mental también es muy importante y no parece que le importe a nadie», añadió, y recordó que las agresiones en centros penitenciarios aumentaron tanto entre presos como de presos a trabajadores.

El comunicado afirma que con las protestas de la última semana «no se busca un cambio de rumbo ni la abolición del sistema penitenciario hacia uno más punitivo, sino que el actual sea correctamente ejecutado».

La funcionaria también insistió en las dimisiones que los funcionarios reclaman desde la semana pasada para la consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, y ha apelado también al director del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Cire), David Font, que encabeza la empresa pública que empleaba a la cocinera asesinada.

«Seguiremos con las movilizaciones y concentraciones que consideremos necesarias como plantilla para que no se olviden ni el asesinato de nuestra compañera Núria ni las condiciones de inseguridad reiterada en las que desarrollaba su trabajo», finalizó.

En este sentido, decenas de funcionarios de prisiones se concentraron de nuevo esta semana ante las puertas de diferentes centros de Cataluña, y pidieron al Govern respuestas y acciones urgentes y determinantes. Y aseguran que no se detendrán hasta que haya ceses o dimisiones.