ANC, Òmnium e Irídia recurren al TS la amnistía a los policías investigados por cargas en el 1-O

Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el centro por los derechos humanos Irídia han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona que avaló la aplicación de la amnistía a 46 agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 en Barcelona. Las tres entidades, personadas como acusación popular (ANC y Òmnium) y particular y popular (Irídia), consideran que la actuación de los agentes no puede ser amnistiada porque podría constituir delitos de torturas o tratos degradantes, supuestos excluidos expresamente por la ley de amnistía.

La Audiencia Provincial confirmó el pasado febrero la aplicación del “olvido penal” al entender que los policías actuaron bajo órdenes judiciales, dentro de la legalidad vigente y sin superar el umbral de gravedad necesario para ser excluidos de la amnistía. Sin embargo, en su recurso, las entidades denuncian una “infracción de ley” por parte del tribunal, al interpretar de forma “restrictiva y errónea” el concepto de “nivel mínimo de gravedad”, criterio clave según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para identificar violaciones de la integridad moral.

Las entidades alegan que las cargas policiales, dirigidas a impedir el referéndum del 1-O, sí superaron ese umbral de gravedad. Recuerdan que el juez instructor, que inicialmente ordenó la apertura de juicio oral contra los agentes, ya consideró que sus actuaciones fueron “objetivamente idóneas para humillar o degradar a la persona”. No obstante, el mismo magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, acabó aplicando la amnistía en julio de 2024 al considerar que los hechos fueron de “escasa duración”, “limitados a maniobras policiales puntuales” y que no se prolongaron en el tiempo.

Desde Òmnium, su presidente Xavier Antich ha calificado la amnistía como “un acto más de irresponsabilidad de este Estado que juega con los límites de la democracia”, y ha afirmado que la actuación policial del 1-O fue una “humillación premeditada y un castigo deliberado contra ciudadanos que ejercían derechos fundamentales”. La entidad acusa al Estado de haber vulnerado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al utilizar una fuerza “desproporcionada, excesiva y que causó lesiones graves”.

Irídia, por su parte, ha recalcado que las cargas constituyeron actos de violencia contra población civil pacífica y que deben ser excluidos de la amnistía, dado que no se pueden considerar hechos de baja gravedad. También han lamentado que, ocho años después de los hechos, las víctimas de la brutalidad policial siguen sin haber accedido a su derecho a la justicia, la verdad y la reparación.

Las tres organizaciones han anunciado su intención de agotar todas las vías legales y no descartan acudir a instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para defender que los hechos del 1-O no deben quedar impunes. Además, Òmnium ha recordado que sigue personada como acusación popular en otras causas abiertas por violencia policial, como la que investiga las lesiones sufridas por el activista Roger Español. En esa causa, la entidad acusa a varios agentes de delitos de lesiones con pérdida de órgano principal, tortura y atentado contra la integridad moral.