De ceder el equipamiento a pagar las reformas. El grupo municipal de Valents denuncia que el equipo de Ada Colau en Barcelona gasta 40.000 euros públicos en arreglar el Casal Popular Tres Lliris, ubicado en el barrio de Gràcia, en pleno centro de la ciudad.

En concreto, el local se encuentra en la calle Nil Fabra 19-25, en los aledaños de la plaza Lesseps de Barcelona, y antiguamente era una Comisaría de la Policía Nacional, en funcionamiento hasta hace nueve años.

La partida que el Consistorio ha autorizado para adecentar el centro okupa forma parte del documento de “Autorizaciones y disposiciones de pago para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y 22 de noviembre de 2022″ y se tratará como punto de la orden del día del pleno del distrito de Gràcia esta tarde. El conseller de Valents en el distrito de Gràcia, Jordi Daura pedirá explicaciones sobre esta partida al gobierno municipal.

“Los barceloneses no pagamos impuestos para mantener a los okupas y financiar sus fiestas. Con esta actitud lo único que consigue el gobierno municipal es provocar un efecto llamada y convertir Barcelona en un paraíso okupa”, ha denunciado la líder de Valents, Eva Parera.

En este sentido, la formación municipalista propone una serie de medidas antiokupas que pasan un cambio en la normativa para que haya una expulsión inmediata de los okupas de la propiedad si no se acredita un título de propiedad o un contrato de alquiler al día de pago; bonificaciones del IBI para aquellos que tengan una propiedad okupada; y asesoramiento gratuito del Ayuntamiento a los propietarios.

El caso Tres Lliris es especialmente paradigmático para el equipo municipal de Ada Colau: tras sucesivas quejas y denuncias de los vecinos de la zona, la justicia imputó al concejal de Gràcia, Eloi Badia, por presunta malversación y prevaricación. La clave fue el convenio de cesión que el Consistorio firmó con los okupantes y que incluía que el Ayuntamiento vigilaría que sus actividades no causaran molestias a los vecinos. La querella y la investigación judicial posterior llevó a Badia a declarar ante el juez en septiembre.

La antigua comisaría es propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda y sobre el local okupa hay una orden de cese de actividad no ejecutada.