La diferencia de inversión pública entre el catalán y el castellano en Cataluña continúa siendo abismal y cada vez más cuestionada por padres, asociaciones y partidos constitucionalistas. Mientras la Generalitat destina cada año decenas de millones de euros a la promoción, enseñanza y normalización del catalán, el castellano —a pesar de ser también lengua oficial— no recibe ni un solo euro en políticas de fomento ni programas específicos.

Según los últimos presupuestos del Govern, el catalán sigue siendo la prioridad lingüística absoluta. En 2025, el Ejecutivo catalán aprobó la ampliación del Pacto Nacional por la Lengua, con una inversión global de 256 millones de euros, de los cuales 24 millones son fondos nuevos destinados a reforzar el uso del catalán en la escuela, la administración y los medios de comunicación. Además, el Departament de Cultura mantiene múltiples líneas de subvención para el doblaje audiovisual, publicaciones, entidades y asociaciones que promueven el uso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad.

Por el contrario, el castellano no cuenta con ninguna partida presupuestaria propia en las cuentas públicas de la Generalitat. No existen campañas institucionales de apoyo ni programas para fomentar su uso en la administración o la educación. En el sistema escolar, el castellano se mantiene como asignatura obligatoria, pero sin dotación económica comparable a la del catalán, ni mecanismos de refuerzo en las zonas donde su presencia es minoritaria.

Entidades como Hablamos Español o la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denuncian desde hace años esta desigualdad, que califican de “discriminación institucional”. Según sus informes, el Govern “no solo no promueve el castellano, sino que actúa para reducir su presencia en la escuela y la administración”, en contra de las sentencias judiciales que obligan a garantizar al menos un 25% de enseñanza en castellano.

La polémica se ha intensificado tras conocerse que el Ejecutivo catalán prepara nuevos acuerdos para promover la enseñanza del árabe en algunos centros educativos dentro de programas de integración lingüística, mientras que no existe ninguna medida equivalente para reforzar el castellano. Para la oposición, esta situación evidencia “la marginación sistemática del español” en la política lingüística catalana.

Desde el Govern, en cambio, se justifica la inversión en el catalán argumentando que es “una lengua en situación de minoría” que requiere apoyo institucional. El objetivo —afirman— es “garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades a través del catalán como lengua común”.

En la práctica, sin embargo, el resultado es un desequilibrio total: una lengua que recibe cientos de millones en promoción frente a otra, el castellano, que depende exclusivamente del Estado y del uso ciudadano para mantenerse. Una brecha económica y política que, según sus críticos, refleja la voluntad del Govern de convertir al catalán no en lengua de convivencia, sino en instrumento de identidad excluyente.