Acuerdo de inmigración

La Comisión Catalana de Acción por el Refugiado muestra "preocupación" ante el acuerdo PSOE-Junts por centrarse en el control migratorio

En un comunicado, la CCAR ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión migratorio descentralizado, más cercano y adaptado a la realidad catalana

Pedro Sánchez, con la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras
Pedro Sánchez, con la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam NoguerasAlberto R. RoldánLa Razón

La Comissió Catalana d'Acció pel Refugi (CCAR) ha mostrado este miércoles "preocupación" ante el acuerdo PSOE-Junts sobre el traspaso de competencias en inmigración al centrarse en acciones de seguridad y control migratorio y la repercusión que puede tener sobre la garantía de los derechos fundamentales de las personas migradas y refugiadas que viven en Catalunya.

En un comunicado, la CCAR ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión migratorio descentralizado, más cercano y adaptado a la realidad catalana.

Sin embargo, creen que el acuerdo se circunscribe en seguridad y control migratorio que fomentan dinámicas como el aumento de la vigilancia en fronteras, deportaciones en caliente o la voluntad de gestionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de los que han pedido su cierre inmediato.

Ha afirmado que estos puntos del acuerdo "perpetúan la estigmatización de las personas migrantes y refugiadas y profundizan en una mirada racista", en lugar de poner en el centro la necesidad de trabajar en un modelo propio de acogida complementario al estatal que no deje a nadie atrás desde la perspectiva de los derechos humanos.

La CCAR ha lamentado que el traspaso anunciado es una "oportunidad perdida" para avanzar hacia una gestión migratoria y del refugio que ponga en el centro los derechos humanos y dé respuesta a los retos actuales desde una perspectiva garantista.

Ha pedido que el traspaso de competencias en migración sea una "oportunidad" para garantizar vías seguras, la implementación de corredores humanitarios, así como la actualización de los marcos normativos como el Plan de protección internacional de Catalunya y la elaboración de un modelo catalán de acogida propio.