Con una población ligeramente superior a 10.000 habitantes, Ripoll ha implementado una solución directa frente al problema de la okupación: cortar el suministro eléctrico en propiedades okupadas ilegalmente. Esta táctica, ya utilizada en países europeos como Alemania, Francia y Países Bajos, se sustenta en un marco jurídico que permite tales acciones.

La alcaldesa Sílvia Orriols, perteneciente a Aliança Catalana, ha convertido la lucha contra la okupación en prioridad municipal. En la última semana, el Ayuntamiento anunció el corte de electricidad en cinco viviendas ocupadas ilegalmente, comunicando públicamente esta decisión a través de sus canales oficiales: "Cortamos la luz a quienes pretenden okupar ilegalmente y consumir energía a costa de los contribuyentes", declaró enfáticamente el consistorio. La comunidad ha recibido esta medida con entusiasmo, manifestando su preocupación previa sobre problemas de convivencia y seguridad. Sin embargo, Orriols enfatizó que "no se puede permitir que unos pocos alteren la tranquilidad del resto de ciudadanos".

La medida podría expandirse implementándose en otros municipios de la comunidad catalana

El modelo de Ripoll ha captado la atención nacional, con otros municipios contemplando estrategias similares, ya que localidades como Badalona, bajo el liderazgo de Xavier García Albiol (PP), también están explorando acciones para combatir la okupación ilegal. Además, debido a que Cataluña lidera las estadísticas de okupación en España, con ciudades como Barcelona, Figueres, Manresa y Lleida enfrentando desafíos significativos, la respuesta institucional ha sido heterogénea, con algunos gobiernos locales mostrándose más proactivos que otros.

La medida de cortar el suministro eléctrico ha demostrado ser efectiva, no solo reduciendo okupaciones, sino también disminuyendo los índices de criminalidad, según confirmó la propia alcaldesa. De manera que el mensaje de Ripoll es claro: "La convivencia no puede estar sometida a quienes incumplen la ley". Aunque la okupación ilegal es un problema complejo, el municipio catalán presenta un modelo de acción legal y eficaz que podría inspirar futuras políticas a nivel nacional.

La discusión actual se centra en la posibilidad de extender estas medidas, respondiendo a la creciente demanda ciudadana de una regulación estatal que permita actuar con la misma contundencia observada en otros países europeos.