El Defensor del Pueblo urge a la Generalitat a aclarar cómo garantiza el aprendizaje del castellano tras una queja de SCC

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha requerido a la Generalitat de Cataluña la remisión urgente de la información que, a instancias de Societat Civil Catalana (SCC), solicitó el pasado mes de junio al Departamento de Educación. La institución busca conocer qué orientaciones ha dado el Govern a los centros educativos para asegurar que los criterios pedagógicos sobre el uso de las lenguas oficiales respeten la suspensión cautelar del decreto del régimen lingüístico y garanticen el aprendizaje en castellano.

Según un escrito recibido el 14 de octubre por SCC, el Defensor del Pueblo ha comunicado que, «ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, se le ha requerido la remisión urgente de la misma». El requerimiento llega después de que la entidad constitucionalista denunciara el pasado junio que el Govern podría estar aplicando de facto criterios de discriminación del castellano pese a la suspensión del decreto.

Un requerimiento motivado por una queja de SCC

El pasado mes de junio, Societat Civil Catalana presentó una queja ante el Defensor del Pueblo contra el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, que regula el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario en Cataluña. La organización argumentaba que existía «el riesgo de que —pese a la suspensión cautelar del decreto decretada por el TSJC al admitir a trámite el recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)— la Generalitat esté aplicando de facto criterios de discriminación del castellano».

A raíz de esa denuncia, la institución que dirige Gabilondo respondió que, «en consideración a la naturaleza y alcance de la disposición impugnada, ha parecido procedente a esta institución iniciar una actuación de carácter informativo ante la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña».

SCC recuerda además que ya en septiembre de 2023, durante la fase de información pública, actuó «en vía administrativa para evitar la aprobación del decreto del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario» y que, en sus alegaciones —no atendidas por el Govern—, alertó de «sus efectos perniciosos».

«Una herramienta de exclusión»

En su nota de prensa, Societat Civil Catalana sostiene que, «con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social, la política lingüística de la Generalitat en el ámbito escolar es una herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española». Según la entidad, el decreto «limita el uso del castellano a funciones curriculares específicas —como la enseñanza de lengua y literatura castellana— y a casos muy puntuales que deberán ser claramente justificados en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo».

SCC advierte también que «el plan lingüístico aprobado por la Generalitat no limita su acción a las aulas; afecta también a las actividades complementarias y extraescolares, parte esencial del proceso educativo».

Posible vulneración de derechos fundamentales

Para la organización, las medidas impulsadas por el Govern «derivan en una clara vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española; especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua». Recuerda además que el artículo 3 de la Carta Magna establece que «el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

SCC añade que este derecho y deber «son fundamentales para asegurar la igualdad de todos los españoles en el uso de la lengua independientemente de su comunidad autónoma de residencia».

Asimismo, la entidad considera que el decreto lingüístico «contraviene numerosas resoluciones judiciales que aseguran una educación bilingüe y equilibrada e ignora que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce los dos idiomas como lenguas cooficiales».

En espera de la respuesta del Govern

Por el momento, la Generalitat no ha remitido al Defensor del Pueblo la información solicitada hace casi cinco meses. El requerimiento de Gabilondo busca que el Departamento de Educación clarifique de qué modo está garantizando el cumplimiento de la suspensión cautelar del decreto y la enseñanza en castellano en los centros educativos de Cataluña.

Desde Societat Civil Catalana confían en que la intervención del Defensor del Pueblo sirva para que el Govern «rinda cuentas sobre una política lingüística que, lejos de garantizar la convivencia, consolida una situación de desigualdad entre los hablantes de las dos lenguas oficiales».