La excúpula de la DGAIA se desmarca de la crisis: “la niña no estaba tutelada”

La que fue directora de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) entre 2018 y 2024, Ester Cabanes, ha hablado hoy públicamente por primera vez tras conocerse el caso de la menor de doce años violada y ofrecida a terceros por una red de pederastia. Cabanes ha defendido que "la niña no estaba tutelada por la Generalitat de Cataluña", y ha desvinculado así al Govern de la responsabilidad en el caso.

La exdirectora ha comparecido en la comisión de Derechos Sociales celebrada hoy en el Parlament, donde también han intervenido el exconseller de Derechos Sociales, Chakir el Homrani, los exsecretarios generales del departamento, Josep Ginesta y Oriol Amorós, y el también exdirector de la DGAIA, Ricard Calvo.

Sobre la denuncia de una menor de 12 años por violación, Cabanes ha defendido que gracias a la actuación de la DGAIA se ha podido destapar la red de pederastia: "Si la DGAIA no hubiese hecho lo que hizo, la operación Damocles no habría existido".

La exdirectora ha explicado el caso de la niña, que accedió al centro de menores en mayo de 2021 por petición de sus padres, donde dormía algunas noches. Tras una escapada en octubre de ese mismo año, la menor confesó a los educadores que tenía una relación con un hombre mucho mayor que ella. Después de retirarle el móvil y conseguir información relevante a través del ordenador, los padres y la directora del centro denunciaron el caso a la policía.

Cabanes ha defendido, además, la creación de Barnahus, una unidad integrada de atención a la infancia y adolescentes víctimas de abusos sexuales, que tiene como objetivo evitar la revictimización de los menores y garantizar una respuesta. "Teníamos claro que el abordaje de abusos sexuales no era el que correspondía, no había un abordaje integral", ha añadido la exdirectora, que ha asegurado que tras este caso se ofrecen formaciones especializadas a los trabajadores: "Se creó un protocolo con Mossos d’Esquadra en la unidad de tráfico y explotación sexual".

¿Irregularidades o incidentes?

El resto de intervenciones de los comparecientes han girado en torno a la investigación de la Sindicatura de Comptes y Antifrau por posibles "irregularidades" en la prestación de ayudas a menores tutelados y extutelados.

El exsecretario general del departamento de Afers Socials de la Generalitat (2016-2020), Josep Ginesta, ha contradicho el informe de la Sindicatura y ha asegurado que se habían producido "incidencias": "Les intentaré convencer de que se produjeron incidencias administrativas. No irregularidades". Según el exsecretario, "nadie se embolsó dinero y nadie hizo cosas que no tocaban", y ha defendido que el departamento estaba sometido a una presión social y judicial que condicionó su funcionamiento.

Al igual que han hecho otros comparecientes, también ha responsabilizado a la aplicación del artículo 155: "habíamos de tramitar como podíamos". En este sentido, el exconseller de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, ha justificado los contratos de emergencia de la DGAIA porque el sistema no estaba preparado para la aplicación del 155 ni la pandemia del Covid-19. Según el político de ERC, la intervención del Estado afectó "gravemente" a la gestión del departamento.

El Homrani, además, también ha asegurado que la única forma posible para prestar el servicio ante el aumento de la llegada de menores no acompañados era la contratación de emergencia. El exconseller ha explicado que en 2016 llegaron a Cataluña 684 menores no acompañados; en 2017, 1.489; en 2018, 2.659; en 2019, 2.231, y en 2020, 812.

El Homrani ha defendido que el departamento hizo un esfuerzo "titánico", y ha agradecido el trabajo de los profesionales "involucrados en esta emergencia social".

Víctima de un juicio mediático

Por su lado, el director general de la DGAIA entre 2016 y 2017, Ricard Calvo, ha defendido la actuación del departamento y ha asegurado ser víctima de un juicio mediático durante dos años. Su posición como director general y su anterior posición de gerente en entidades contratadas por la DGAIA provocó una investigación que la Comisión de Ética archivó al no ver conflicto de intereses.

Calvo ha asegurado hoy que las prórrogas no formalizadas y los contratos de emergencias eran legales y "necesarios", pues el sistema estaba "tensionado y sobreocupado". El exdirector ha argumentado que las contrataciones de emergencias se realizaron como respuesta al aumento de menores no acompañados, y que eran "imprescindibles".