La Generalitat cede ante ERC y anuncia la financiación singular y la Renfe catalana para antes de julio

El Govern de Salvador Illa y Esquerra Republicana (ERC) han cerrado un acuerdo para aprobar el tercer y último suplemento de crédito a los presupuestos prorrogados de 2023. Con un importe de 469 millones de euros, el pacto fue presentado este jueves tras semanas de negociaciones discretas y culminó con una reunión extraordinaria del Consell Executiu y una comparecencia pública de los republicanos.

Este nuevo suplemento se suma a los dos anteriores ya aprobados, de 2.168 y 1.301 millones, lo que eleva a casi 4.000 millones los recursos extraordinarios movilizados este año gracias a la mejora de la financiación autonómica y el buen comportamiento de la economía catalana. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha defendido que el acuerdo "demuestra la capacidad de diálogo del Govern" y permite avanzar en políticas públicas clave a pesar de operar con unas cuentas prorrogadas.

Impulso a la Hacienda catalana y a Rodalies

El pacto incorpora compromisos de calado político y estructural. Govern y ERC han acordado la creación de 200 nuevas plazas en la Agència Tributària de Catalunya (ATC), 160 de ellas de nueva creación, antes del 30 de junio. El objetivo es reforzar el organismo con vistas a que recaude el 100% del IRPF en 2026.

Además, antes del 31 de julio deberá estar aprobado un plan director para el despliegue de la ATC, así como las medidas administrativas para seleccionar su nueva sede física. La consellera Romero ha subrayado que lograr una hacienda propia es “el mayor objetivo dentro de la financiación singular de Cataluña”. Cabe recordar que esta es una de las principales exigencias que ERC le puso al PSC para investir a Salvador Illa, y la falta de avance en esa materia, a ojos de los de Junqueras, es lo que hizo que no apoyaran los presupuestos que el Govern intentó aprobar antes de acabar 2024.

En paralelo, el Govern y el Institut Català de Finances solicitarán formalmente antes del 31 de julio una licencia bancaria ante el Banco de España y el BCE, como paso previo a consolidar una banca pública catalana.

En materia ferroviaria, el acuerdo fija la creación, antes del 30 de junio, de la sociedad mercantil Rodalies de Catalunya SA, con mayoría de capital público de la Generalitat y dirección catalana. Durante 2025 se elegirá su sede física. El objetivo, han explicado Govern y ERC, es “reconducir la situación del servicio en el medio plazo” y dar pasos hacia un verdadero traspaso de competencias ferroviarias.

Vivienda, educación infantil y catalán como ejes sociales

Otras de las principales partidas, destacan 200 millones de euros comprometidos para el periodo 2026-2028 destinados a la rehabilitación de edificios residenciales, así como al aumento del parque de alquiler asequible y social. Actualmente, más del 40% del parque de viviendas en Catalunya supera los 50 años.

También se contempla la creación de nuevas plazas en la etapa educativa de 0 a 3 años, con el objetivo de universalizar progresivamente esta franja. El anterior Govern ya garantizó la gratuidad de I-2 y el actual aspira a extender la gratuidad a I-0 e I-1.

En el ámbito lingüístico, el acuerdo prevé una dotación adicional de 15 millones para comenzar a desplegar este mismo año las medidas del Pacte Nacional per la Llengua, que cuenta con una inversión global de 255 millones.

ERC: “No es un apoyo gratis”

El portavoz republicano Isaac Albert ha defendido que el apoyo de ERC no busca dar estabilidad “porque sí”, sino impulsar transformaciones estructurales en beneficio del país. Ha destacado que el nuevo modelo de financiación para Catalunya deberá acordarse antes del 30 de junio, con criterios de bilateralidad, ordinalidad, y recaudación progresiva.

El acuerdo aún debe ser convalidado en el Parlament en un máximo de 30 días. Aunque los Comuns no han cerrado su apoyo, el Govern confía en lograr su respaldo en los próximos días.

El acuerdo evidencia la dependencia del gobierno socialista catalán hacia los republicanos para avanzar en la legislatura, con una apuesta clara por el refuerzo de las estructuras propias de "autogobierno", es decir, cesiones del Estado a Cataluña, y por políticas de marcado carácter social. Más allá del contenido presupuestario inmediato, el pacto dibuja una hoja de ruta compartida que se adentra en cuestiones clave como la financiación singular, la hacienda propia o la inversión en medidas sociales en materia de vivienda pública y asequible. Sin embargo, la financiación singular será algo que, en última instancia, la Generalitat tendrá que negociar con el Gobierno de España.