Un total de 220 jueces han abandonado Cataluña desde el referéndum independentista ilegal de 2017

La Asociación Profesional de la Magistratura ha lanzado este fin de semana el aviso de que cada vez cuesta más que haya jueces que quieran venir a Cataluña. Ahora mismo hay 79 setenta y nueve vacantes sin cubrir y 220 jueces que se han ido de la comunidad autónoma desde 2017, punto culminante del "procés" independentista con la celebración del referéndum ilegal. En los juzgados catalanes faltan material y personal. Opina el periodista Pau Guix que "los trabajadores tienen sueldos bajos y soportan una gran carga de trabajo. Se gastan miles de millones en las administraciones públicas, pero tienen a la de justicia hecha unas zorros. Al separatismo le interesa que la justicia no le fiscalice y por eso la tiene infradotada".

Lo cierto es que pese a que la fuga descendió antes de aprobarse la Ley de Amnistía, los jueces y magistrados titulares de Cataluña continúan abandonando su plaza en la comunidad autónoma para solicitarla en otra ciudad. Desde que Artur Mas convocó en 2014 la primera consulta ilegal, dichos profesionales han estado intranquilos por las consecuencias que el independentismo podría tener sobre el poder judicial.

Y es que Cataluña se encuentra desde hace varios años a la cabeza de los territorios con más vacantes judiciales. Pues bien, desde hace cinco años, más de 220 titulares de juzgado han abandonado dicha ciudad para irse a otra, pero esta “fuga” todavía no ha acabado.

Actualmente hay 79 vacantes sin cubrir y, aunque consiguen “salir del paso” gracias a los jueces sustitutos, no hay suficientes para lograr ocupar todos los puestos y asegurar un buen funcionamiento de la justicia.

Según explicó Pablo Baró, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña a The Objective, “voluntariamente, del resto de España, nadie quiere venir. Los que vienen lo hacen por traslado forzoso, no queda más remedio que cubrir las vacantes de jueces que acaban de salir de la Escuela Judicial”.

Desde que se celebró el referéndum del 1 de octubre, jueces y fiscales sufrieron acoso, amenazas y pintadas tanto en los juzgados como en sus propios domicilios.

Por ejemplo, el magistrado Juan Antonio Ramírez, ya fallecido, sufrió pintadas en la puerta de su casa, al igual que Pablo Llarena, a la que acudieron en numerosas ocasiones.