Ángel de Cabo niega haber estafado a dos inculpados por blanqueo e insolvencia

El empresario Ángel de Cabo ha negado la acusación de estafa por la que se le juzga en la Audiencia de Valencia, mientras que su defensa ha señalado que la querella de dos empresarios contra él, que ha dado lugar al proceso, no es sino una maniobra por parte de éstos para cubrir su responsabilidad por insolvencia punible y blanqueo de capitales en otro juicio.

La Audiencia ha comenzado este miércoles un juicio por estafa contra De Cabo, que fue condenado en 2015 por vaciar de valor Viajes Marsans para eludir el pago a los acreedores, una causa por la que ya cumplió condena.

La fiscal pide que, ahora, el empresario valenciano sea condenado a cinco años de prisión, porque considera que podría haberse apropiado del patrimonio de dos inversores con quienes había llegado a un acuerdo para sanear sus compañías.

Estos dos inversores, los hermanos José Luis e Isabel Martínez Parra, han presentado contra él una querella por estafa, a la que se ha sumado la fiscal y que ha dado lugar al juicio de este miércoles, en el que actúan como acusación particular.

Sin embargo, se da la circunstancia de que tanto De Cabo como los hermanos querellantes en la Audiencia de Valencia son inculpados en otro procedimiento que, por estos mismos hechos, se sigue en Santiago de Compostela.

Tanto la causa coruñesa como la que se sigue en Valencia se centran en la descapitalización de las empresas de las que eran propietarios los hermanos Martínez Parra, entre ellas una cadena hotelera. Se investiga si la descapitalización fue ideada para no pagar a sus acreedores.

La existencia de esos dos procedimientos por estos mismos hechos, y cómo debe manejarse esta circunstancia en la Audiencia de Valencia, ha centrado buena parte de la primera sesión del juicio, que continuará en jornadas sucesivas.

La defensa del empresario, al igual que la de los otros dos inculpados (dos empleados suyos que podrían haber actuado como testaferros), ha solicitado que, o bien la Audiencia de Valencia debe inhibirse y ceder completamente el asunto al tribunal gallego, o bien al menos debería ampliar la instrucción para solicitar que se incorporen a la causa pruebas que han sido practicadas en Galicia.

En concreto, la defensa se ha referido a un informe pericial aportado por los hermanos al sumario gallego, en el que se afirma que en el contrato en el que se transmitían las sociedades de los querellantes a De Cabo por un euro no medió engaño ninguno.

El abogado defensor, Juan Carlos Navarro, apunta con esta petición a que los querellantes afirman en Galicia la licitud de unas operaciones que, en Valencia, donde quieren cargar en De Cabo la responsabilidad por posibles ilegalidades, califican de estafa.

En suma, quiere argumentar ante el tribunal que los querellantes pretenden condenar en Valencia a De Cabo por estafa para poder defenderse así en Galicia culpándole a él de la descapitalización de sus empresas.

El abogado de la acusación particular ha tachado esa argumentación de "treta procesal" y se ha opuesto a la incorporación del informe pericial por considerar que "un documento que se presenta en un proceso está condicionado por la estrategia procesal" ideada para ese proceso y no tiene sentido traerlo a un procedimiento distinto.

La fiscal se ha opuesto a la suspensión del juicio y también a traspasar el caso a Santiago de Compostela, pero sí ha aceptado la incorporación de nuevas pruebas.

El Tribunal ha decidido dar comienzo al juicio incorporando al mismo una sola de las pruebas traídas por la defensa de Ángel de Cabo.

El acusado ha defendido en su declaración que la transmisión de las empresas a su propiedad por un euro es sencillamente un medio de evitar el pago de impuestos, y ha acusado a los propietarios de las empresas en cuestión, que durante buen tiempo fueron también administradores, de ser quienes las descapitalizaron mientras él ganaba tiempo con los acreedores.