La patronal valenciana pedirá al Defensor del Pueblo un recurso contra el impuesto de Patrimonio

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha acordado este jueves pedir al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del Patrimonio, al considerar que se trata de un impuesto “desfasado en el tiempo, único en su modo a nivel europeo”.

La CEV ha propuesto la eliminación de este impuesto para que el tributo “nunca tenga el carácter de confiscatorio”, tal y como recoge el informe de la patronal en sus ‘Propuestas para una fiscalidad más competitiva’.

Según afirman, la tarifa del impuesto “en ocasiones es superior a la rentabilidad del propio activo, cuyo tributo resulta de dudosa constitucionalidad”.

Los órganos de gobierno de la Confederación se han mostrado, asimismo, contrarios a la subida del salario mínimo interprofesional y a una posible reducción de la jornada laboral a 32 horas, ya que consideran “no es momento de plantear un aumento del salario mínimo que con toda probabilidad afectaría a los sectores más castigados por la crisis económica derivada de la pandemia, como el sector agrario, la hostelería o el comercio”.

Respecto a la jornada laboral, la CEV sostiene que existe el compromiso de estudiar la propuesta de 32 horas si el Gobierno la presenta en la mesa de diálogo social, pero a la vez afirma que, al igual que ocurre con el SMI, “no es momento para plantear este cambio”.

”Teniendo en cuenta la composición del tejido empresarial español y de la Comunitat, compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes y con preponderancia del sector servicios, estas propuestas son irreales para la inmensa mayoría de las empresas en términos de productividad y costes laborales”, han asegurado en el comunicado.

Por otra parte, el comité y la junta directiva de la confederación han mostrado su preocupación por el incremento del gravamen del 10 al 21 % a las bebidas azucaradas y edulcoradas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2021.

La subida del IVA, han aseverado, tendrá un impacto económico negativo sobre el sector agroalimentario, y a nivel estatal su facturación podría caer entre 119 y 370 millones de euros y se podrían destruir entre 2.000 y 6.000 empleos, entre otras consecuencias.

La CEV ha advertido de la falta de evidencia cierta sobre la efectividad de este impuesto para lograr el fin último que persigue mejorar la salud y reducir los índices de obesidad y ha recordado que países como Dinamarca o Eslovenia han eliminado el impuesto por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad.

Por último, el presidente de la CEV ha informado sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que exoneraba a la CEV de cualquier responsabilidad frente a los despidos de personal de la anterior Confederación autonómica al considerar que no existía sucesión de empresas entre ambas.