Cuando la ministra Diana Morant promovió la okupación

Una sentencia afirma que su presencia como alcaldesa en un desahucio provocó un “efecto llamada” en un inmueble de Gandia

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, a su llegada a un acto en La Cárcel Segovia
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, a su llegada a un acto en La Cárcel Segovia FOTO: Nacho Valverde Europa Press

En junio de 2015, cuando la ahora ministra de Ciencia, Diana Morant, llevaba 15 días al frente de la alcaldía de Gandia, decidió personarse en la puerta de una finca donde se iba producir un desahucio. “El desahucio no se hará, Natalia y sus hijos se quedan en su casa”, publicó en Twitter la entonces alcaldesa.

«La comisión judicial, al no contar con auxilio de la fuerza pública, tuvo que desistir del lanzamiento», indica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a la que ha hecho referencia el portavoz municipal del PP de Gandia, Víctor Soler, a raíz de una información publicada por El Español. Tras ese episodio se produjo un «efecto llamada», según afirma el tribunal, que convirtió la okupación, los altercados e incluso el tráfico de drogas en algo habitual en este edificio.

“La alcaldesa no se puso del lado de la legalidad y ocasionó una reacción en cascada de este inmueble situado en la calle Perú”, ha asegurado Soler. El resultado es que en esta finca se produjeron numerosos desperfectos, “incluso hubo un homicidio”, sin que “el gobierno municipal hiciese absolutamente nada”.

El PP ha solicitado que se abra una comisión de investigación sobre lo ocurrido porque quedan muchas dudas por resolver. “La sentencia deja claro que a partir de noviembre de 2015 se generalizaron las situaciones impagos. Se dio cobijo a la ilegalidad perjudicando los intereses de la ciudad de Gandia”. Soler ha insistido en que hasta aquel mes de junio, el edificio se gestionaba sin problemas.

En el fondo de todo este asunto subyace la cuestión de quién pagará los desperfectos ocasionados, que ascienden a más de 400.000 euros. El TSJCV considera que la concesionaria no debe hacerlo, tal y como le ha exigido el Ayuntamiento de Gandia. La mercantil, que tenía la concesión durante 50 años tras haber construido en una parcela municipal 79 pisos de protección pública, tampoco pagó el canon acordado, hasta tal punto que en 2017 se canceló la concesión.

Según recogen varios medios de comunicación, Morant ha asegurado que está acreditado que la familia desahuciada no se quedó en esa vivienda, sino que pasó a vivir en otro piso social de la ciudad.