El Gobierno olvida a los agricultores en el Plan de Recuperación agroalimentario

A pesar de que el principal problema de la industria agroalimentaria española y valenciana se encuentra en el eslabón más bajo de la cadena, es decir, el del agricultor, ninguna de las medidas incluidas en el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, va dirigida a este colectivo. Por contra, todas ellas están destinadas a la industria agroalimentaria.

En concreto, de los 1.002,91 millones de inversión pública que se destinan a este plan, 400 van dirigidos al fortalecimiento industrial del sector agroalimentario; 454,35 millones se invertirán en la digitalización del sector agroalimentario y 148,56 se destinarán a la I+D+I en el ámbito agroalimentario.

Una de las principales problemáticas del sector, especialmente reivindicada en los últimos meses, es el de los precios que reciben los agricultores en el campo. Aunque en el PERTE se habla de la “trazabilidad” en la cadena agroalimentaria, ninguna de las medidas planteadas tienen como objetivo vigilar los precios que los comercios pagan al productor.

Hasta el momento, en España solamente existe una Ley de la Cadena Agroalimentaria, que ha producido pocos resultados, y que recientemente se modificó para que las autonomías pudieran asumir determinadas competencias. A partir de esta modificación, la consellera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, anunció recientemente la próxima creación de una agencia autonómica de control alimentario que servirá tanto para aportar mayor transparencia a los mercados agrarios como para combatir, con sanciones, prácticas comerciales abusivas como la venta “a pérdidas” y “a resultas”.

Según explicaron ayer fuentes de la Conselleria de Agricultura, por el momento, solo dos empresas de la Comunidad Valenciana se verán beneficiadas por los fondos del PERTE estatal. Se trata de Insomnia y del Instituto Tecnológico de Alimentación (AINIA).

Por su parte, desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), explicaron ayer que se han presentado dos proyectos de digitalización que podrían llegar a beneficiar a agricultores, ganaderos, pyme y cooperativas del sector. Confían en que, de este modo, parte de estos fondos puedan llegar a los agricultores valencianos.

Ayudas a las empresas

Tal y como explica el Gobierno, el objetivo del PERTE Agroalimentario es “promover el desarrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e innovación”.

Se trata, dice, de facilitar el acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles, que cubra las necesidades de una población cada vez más segmentada y con una mayor demanda de “alimentos con atributos saludables y medioambientalmente sostenibles”. Ni una palabra sobre las condiciones en las que viven y trabajan los productores de dichos alimentos “saludables y sostenibles”.

Tal y como reza el propio PERTE, este proyecto estratégico de recuperación y transformación económica del sector agroalimentario se configura a partir de tres ejes prioritarios, que abordan actuaciones concretas en el ámbito del fortalecimiento de la industria agroalimentaria, de la digitalización de toda la cadena de valor de este sector y del impulso a la innovación, desarrollo e investigación ligada a la producción agroalimentaria.

En el Eje 1 se incluye un paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria, con el objetivo de mejorar sus procesos de producción, vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos.

El Eje 2 es el único en el que se nombra al eslabón productor, aunque las medidas que se destinan al mismo son para su adaptación digital.

El Eje 3 está compuesto por medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigación y en el sector agroalimentario, “claves para lograr un sector agroalimentario competitivo, que produzca más con menos recursos y con un menor impacto ambiental, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y a la diversificación de las producciones y los alimentos a precios razonables”.

En definitiva, los agricultores valencianos deberán esperar a la creación de la agencia prometida por la Conselleria y confiar en que esta sirva para acabar con el problema de los precios abusivos en el campo.