Nuevo varapalo judicial a Oltra: el TSJ anula la multa que le impuso a un centro de menores religioso

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado la multa de 15.000 euros que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, impuso a la residencia de menores de Segorbe, dirigida por las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.

La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts y vicesecretaria de política social del PPCV, Elena Bastidas, ha afirmado hoy que “este nuevo varapalo judicial a Oltra demuestra su sectarismo y su falta de gestión al frente de las políticas de menores”.

Oltra ordenó el cierre del centro después de que salieran a la luz informaciones que apuntaban a que un educador del centro podría haber cometido abusos. Su intervención en Les Corts sobre esta cuestión causó una gran polémica, puesto que desveló datos que permitían saber de qué trabajador se trataba y acusó de graves irregularidades a las religiosas. La Justicia absolvió al monitor y la congregación, antes incluso de esta resolución, avanzó que interpondrían cuatro demandas contra la vicepresidenta.

Para el PP esta sentencia que demuestra la “persecución y la inquina que ejerció Mónica Oltra contra el centro de menores de Segorbe”, ha recordado hoy el PP tras la información adelantada por Las Provincias. “Lo de Oltra, más que un ‘annus horribilis’, es una ‘legislatura horribilis’. Ha demostrado que se deja llevar por sus filias y fobias más que por la gestión, y eso es lo que pasó en Segorbe. Expuso en Les Corts abiertamente los datos de un monitor que luego fue exculpado y al que no ha pedido perdón. Y no tuvo en cuenta el bienestar de los menores, a los que trasladó pese a que se desaconsejaba”.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha indicado que, aunque todavía no se le ha notificado la sentencia, se trata de un “tema jurídico muy técnico” y “meramente procedimental”. A falta de conocer los detalles de la misma, ha dicho que se trata de cosas que “pueden pasar porque la otra parte tiene que dar una documentación o porque se necesita algún informe complementario que aún no está, y entonces lo que se hace es suspender el plazo de caducidad”.

Elena Bastidas ha insistido en que “no debería de pasar ni un minuto más sin que Oltra pidiera perdón a todos los perjudicados por sus acusaciones e insultos y por todo el daño que generó difundiendo información sobre el centro de menores de Segorbe”.

La portavoz adjunta del GPP ha afirmado que “no hay días suficientes para que Oltra pida disculpas por todo el daño que ha hecho. Por extralimitarse cuando no debía y por no llegar cuando debía. A estas alturas es incomprensible que siga en el cargo y aún más incomprensible que Puig no tome cartas en el asunto”, ha señalado.

La diputada del GPP ha acusado a Puig de “hacer como si nada va con él, olvidando que es el jefe de un Gobierno que en Políticas Sociales acumula suspenso tras suspenso”.

Otra más

Este el segundo sobresalto judicial que recibe la Conselleria de Políticas Sociales, que dirige Oltra, en esta semana. El pasado marte eljuez de Instrucción 15 de Valencia citó a declarar a varios altos cargos del departamento de la Generalitat por la gestión y la asistencia ofrecida a la menor que denunció los abusos del condenado.

El próximo 28 de febrero declarará la directora territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad, Isabel Serra, la de la dirección territorial de Castellón, Carmen Fenollosa, y otros cuatro funcionarios más. Además, según este mismo diario, tendrán que declarar dos personas más del centro en el que ocurrieron los abusos.

Oltra quitó importancia a esta citación y aseguró que los funcionarios cumplieron con su trabajo. Además, asegura que todo se debe a una “cacería” orquestada por la extrema derecha.